El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, tildó de “tono injerencista” el pronunciamiento de las embajadas de 16 países en Perú respecto al dictamen que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en perjuicio de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
“No conociendo yo el anteproyecto, esta opinión que han adelantado algunas embajadas (...) tiene un tono injerencista. Porque, cuando en otro país se produce un cambio legislativo, el Perú no se pronuncia oficialmente donde está acreditado allí. Nosotros somos muy respetuosos”, aseguró en entrevista con RPP Noticias.
En un inicio, el canciller evitó responder si considera que determinadas ONG hacen “activismo político” en Perú e hizo un llamado a los agentes extranjeros en Perú a “conocer, saber y respetar” de una “país soberano como es el Perú”.
“Lo que quiero es invocar a que los representantes extranjeros en el Perú sean mesurados y que recuerden que el diálogo diplomático siempre está abierto. Pero tienen que conocer, saber y respetar cuáles son las facultades exclusivas y excluyentes de un país soberano como es el Perú”, indicó.
Ante la repregunta, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó que sí cree que “algunas ONG” hacen activismo político en Perú desde “hace muchos años”.
“Desde hace muchos años, muchas o algunas ONG han realizado y realizan activismo político. Por ejemplo, cuando se ha procurado esta figura cesionista para partir el territorio peruano con Bolivia, ese proyecto que llamaban Runasur. Ahí había dinero extranjero y ha habido acompañamiento de ONG o instituciones locales”, dijo.
Rechazo internacional
Las embajadas y delegaciones de 16 países, junto con la Unión Europea, han expresado su preocupación sobre las propuestas de enmiendas a la Ley 27692 en Perú, que regulan la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Según comunicaron en sus cuentas oficiales de X (antes Twitter), consideran que estos cambios podrían afectar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en el país.
En el comunicado, las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea subrayan que las modificaciones planteadas pueden impactar negativamente en la inclusión, equidad, estabilidad y prosperidad de las democracias en Perú. Sostienen que “las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”.
Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, también ha criticado el proyecto en una reciente entrevista desde Cajamarca. Ledesma argumenta que las ONGs son esenciales en sectores donde el Estado no tiene presencia y destacó la importancia de fortalecer estas organizaciones bajo la supervisión de la APCI y otras entidades financiadoras.
Asimismo, organizaciones como la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) rechazan las propuestas que implican mantener un registro de organizaciones que realicen “activismo político” con fondos del exterior y las sanciones que incluyen multas y cancelación del registro en la APCI. Argumentan que estas medidas atentan contra la autonomía organizativa de los pueblos indígenas y la sociedad civil.
Asociaciones civiles como Transparencia y la Coordinadora de Derechos Humanos también han manifestado su desacuerdo con la iniciativa. Transparencia comparó la propuesta con medidas tomadas en Venezuela, Nicaragua y Rusia, mientras que la Coordinadora de Derechos Humanos señaló que se pretende limitar el derecho de asociación y establecer sanciones desproporcionadas.
El último pronunciamiento cuestionando la iniciativa vino del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el senador Ben Cardin.
“Preocupado por los esfuerzos del Congreso de Perú por socavar las instituciones independientes, incluyendo el intento de replicar leyes al estilo ruso y nicaragüense que restringen la sociedad civil. Necesitamos asegurar una rendición de cuentas por tales acciones y priorizar los valores democráticos compartidos”, manifestó el senador.