Procuraduría General del Estado pide que Martín Vizcarra pague reparación civil de S/525 mil

El expresidente Martín Vizcarra podría verse obligado pagar más de medio millón de soles al Estado en caso de que sea declarado culpable de haber cometido los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para terceros, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y obstrucción a la justicia en el caso conocido como ‘Caso Richard Swing’.

Esto es debido a que la Procuraduría General del Estado pidió que el expresidente pague una reparación por daños patrimoniales de 175 mil soles y otro monto por daños no patrimoniales de 350 mil soles, lo que da un total de 525 mil soles, la misma que deberá ser asumida por la también investigada exministra de Cultura, Patricia Balbuena, quien también es imputada por el mismo caso.

Aunque el pedido ya fue realizado por la PGE, esto no significa que sea fijo. De hecho, este puede aumentar durante la etapa de investigación preparatoria del caso, por lo que podría representar un monto mínimo. Según una publicación de El Comercio, el pedido hecho por la Procuraduría General del Estado -que aún no ha sido admitido- deberá ser analizado por el Poder Judicial en una audiencia el 27 de junio de este mismo año.

La audiencia se realizará debido a que la defensa legal del expresidente Martín Vizcarra solicitó que el pedido de la Procuraduría sea rechazado por el Poder Judicial. Ante esto, el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, dispuso que el análisis de ambas posturas se realice en audiencia a fines de junio.

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, confirmó este lunes que la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de COVID-19 fue archivada, por lo cual no se formulará una denuncia constitucional.

Villena sostuvo que no se obtuvieron suficientes indicios para probar que el exmandatario haya cometido el delito de colusión en este caso. “Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que haya indicios de que haya habido justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto (corrupción)”

Por su parte, la ex procuradora Katherine Ampuero indicó que la decisión de la Fiscalía es “”indignante y señaló que esta decisión ignora “las miles de pérdidas de vidas humanas y las cuantiosas pérdidas económicas que beneficiaron a empresas chinas”, hechos que ella denunció en 2021.

El Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) sostiene que el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra, a través de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), ayudó a que el destituido exjuez supremo César Hinostroza fugara del país por la frontera de Perú con Tumbes.

De acuerdo con la Fiscalía, luego de que el Congreso lo acusó, destituyó e inhabilitó, Hinostroza Pariachi salió de su domicilio rumbo a Tumbes escoltado por vehículos de la Digimin, “los mismos que le facilitaban el acceso y evitaban el control en operativos policiales que se realizaban en la ruta”.

El Eficcop arriba a esta afirmación tras revelarse el presunto nexo entre el exmandatario y el hoy detenido coronel PNP (r) Martín Gonzales Sánchez ‘Conejo’, quien al momento de la fuga del exmagistrado estaba a cargo de la División de Búsqueda de la Digimin.