Antes de la muy anunciada demanda que el exrepresentante del Perú ante la OEA Harold Forsyth advirtió el último miércoles, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ya había iniciado las diligencias respectivas para llevar a la presidenta Dina Boluarte ante los fueros de Justicia Internacional. Según lo conocido la tarde del último miércoles, la Corte Penal Internacional (CPI) ya ha programado una audiencia en la que se espera que ambas organizaciones sustenten la demanda planteada en contra de la mandataria por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
La solicitud de ambas organizaciones sociales está basada en la comisión de los presuntos delitos de homicidio calificado que pesan contra la presidenta Dina Boluarte tras el asesinato de 49 ciudadanos peruanos en diferentes regiones del país que murieron durante los primeros meses de Gobierno de Boluarte en contextos de conflicto social. Como se sabe, las indagaciones posteriores respecto a cada uno de estos fallecimientos develaron como responsables a efectivos del Ejército del Perú, pertenecientes a las Fuerzas Armadas; además de los miembros de la PNP.
Como consecuencia de esta iniciativa, la Corte Penal Internacional ha fijado ya una fecha clave para que ambas organizaciones sustenten el requerimiento, la cual es el 25 de junio. Sin embargo, según lo detallado por la abogada Gloria Cano para Infobae Perú, la manera de sustentar este documento será mediante la elaboración de una demanda; la misma que ya se encuentra a punto de ser culminada y en la que se agregarán por escrito los hechos de coyuntura de la crisis política y las acciones del Congreso de blindaje a la mandataria.
¿Qué proceso debe seguir la demanda y qué efectos tiene?
En conversación con la abogada de Aprodeh para Infobae perú, el proceso es riguroso, pero constituye una manera más de que el Legislativo no garantice impunidad en contra de la Jefa de Estado, teniendo en cuenta que varios de los casos por los asesinatos en regiones como Ayacucho, Puno, Apurímac y Cusco ya están por pasar o ya han pasado a la etapa de investigación preparatoria. Una etapa intermedia en la que la Fiscalía de la Nación determina que existen hechos suficientes para que se postule la presunta comisión de un delito.
El escrito; cuya elaboración aún está por culminar, pero lleva consigo un grueso de pruebas que acreditarían la responsabilidad política de Boluarte tomando como base sus acciones durante el periodo de estallido social —incluyendo las acciones de ‘terruqueo’ hacia las víctimas y las noticias falsas que difundió justificando sus muertes—; debe ser presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
“La Fiscalía de la CPI debe evaluar nuestro pedido de abrir un examen preliminar sobre los hechos donde debe corroborar si, efectivamente, es competente por la materia (crimen de lesa humanidad, desde nuestro punto de vista), el tiempo (la sujeción del Perú como signatario al Estatuto de Roma), y la motivación para no esperar el término del fuero interno”, aclaró la letrada de Aprodeh en exclusiva para Infobae Perú.
Importancia de la demanda contra Dina Boluarte en fueros internacionales
Y es que este perdido no es una solicitud cualquiera, sino que se trata de una Corte Penal que debe estar compuesto con toda la documentación requerida, a fin de que se pueda sustentar y siga su proceso ante el Tribunal ubicado en La Haya, en Países Bajos.
Cabe recordar que este tribunal no es el mismo que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (aunque se ubique en el mismo lugar), pues esta última se encarga de litigios entre países; mientras que la CPI resuelve demandas en contra de individuos responsables de la comisión de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad.