La Comisión de Mujer y Familia del Congreso, presidida por la legisladora Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), aprobó este miércoles un dictamen que limita el acceso a la educación sexual integral (ESI), una herramienta crucial para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la reducción de embarazos no planificados y la prevención de abusos y violencia sexual.
La legisladora, conocida por su oposición al aborto, es la autora de esta norma, que permite a los padres o tutores elegir las instituciones educativas que se adecuen a sus convicciones y creencias, “en virtud del derecho de libertad de conciencia y el derecho de las familias a decidir sobre la educación de sus hijos”.
El proyecto también permite exonerar a los estudiantes de los cursos de ESI en todos sus niveles y modalidades, “sin que esto afecte sus calificaciones”. Para la legisladora Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), dejar la educación sexual a la discreción de los padres podría ser riesgoso, ya que algunos no son referentes confiables debido a su “cuestionable conducta”.
Por su parte, Heidy Juárez (Podemos Perú) expresó preocupación por la escasa información sobre sexualidad proporcionada en los colegios públicos. Solo un día antes, el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú, Hugo González, señaló a Andina que la tasa de embarazo adolescente ha mostrado un crecimiento preocupante a nivel nacional, especialmente entre las menores de 14 años, quienes en su mayoría se convierten en madres como resultado de una agresión sexual.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los nacimientos de madres de 10 a 14 años aumentaron en un 12.7% en 2022 comparado con 2021, un 39.2% respecto a 2020, y un 24.5% frente al año prepandemia 2019. Se trata de un fenómeno en crecimiento en toda América Latina, de acuerdo con el galeno.
Investigaciones recientes indican que solo uno de cada cuatro embarazos adolescentes es deseado, lo que subraya la necesidad de abordar este problema, especialmente en las escuelas. Al citar ejemplos exitosos en la región, González mencionó que Argentina logró una reducción del 50% en embarazos adolescentes en cinco años gracias a una combinación de estrategias, entre ellas la educación integral en sexualidad.
Uruguay y Chile han tenido similares avances. A pesar de resistencias iniciales en Argentina, fueron los mismos adolescentes quienes solicitaron a sus padres autorización para recibir la ESI, al reconocer que les permitiría tomar decisiones mejor informadas y alineadas con sus aspiraciones, puntualizó.
A través de un comunicado, la organización feminista Flora Tristán expresó su rechazo al dictamen impulsado por Jáuregui de Aguayo y recalcó que “limitar el acceso a la ESI, con base en creencias personales o religiosas, es privar a los jóvenes de información vital para su salud y bienestar”.
“Rechazamos los argumentos discriminatorios que perpetúan la desinformación. Instamos a las autoridades a proteger y promover una educación que respete y fomente los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de la población estudiantil. No debemos permitir más retrocesos”, se lee en su pronunciamiento.
Ahora el dictamen debe ser remitido al pleno e incluido en la agenda legislativa por la Junta de Portavoces y la Mesa Directiva para su eventual debate y votación. La diputada, pastora de la iglesia ‘La Casa del Padre’ y también conocida por su oposición al enfoque de género, asumió en agosto de 2023 la presidencia de la Comisión de Mujer para el período 2023-2024.
La misma semana en que ocupó ese cargo empleó sus plataformas oficiales para rechazar que ‘Mila’, una niña víctima de violación, accediera a un aborto terapéutico, pese a que legal desde 1924 para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave y permanente a su salud.
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