Asociación Nacional de Periodistas rechaza proyecto de ley que busca que IRTP sea dirigido por representantes de tres poderes del Estado

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un comunicado para evidenciar su rechazo hacia el proyecto de ley que propone la modificación del Decreto Legislativo 829, que establece la creación del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Como se sabe, la iniciativa legislativa se presentó con el obetivo de promover la diversidad y la competencia en la conformación del consejo directivo de esta entidad.

La propuesta del Congreso es alterar la estructura del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión para incluir representantes del Poder Ejecutivo (PCM, Mincul y Minedu), el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Esta iniciativa está programada para ser debatida en una sesión extraordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, el próximo miércoles 12 de junio.

En ese sentido, la ANP consideró que es necesario destacar que la configuración propuesta para el Consejo Directivo afecta la autonomía e independencia que debe tener el Instituto Nacional de Radio y Televisión.

También advirtieron que esta propuesta refleja un evidente intento de interferencia política. Es decir, lo que se busca, según la ANP, es que se manipulen los contenidos periodísticos a fin de que beneficie determinados intereses de políticos.

Para la ANP, esto afecta el derecho a la información del público y plantea dudas sobre la legitimidad del IRTP, por lo que es urgente abrir un amplio debate público sobre la naturaleza y el funcionamiento de los medios estatales en la agenda política.

“La Asociación Nacional de Periodistas del Perú requiere a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado abstenerse de aprobar este predictamen y exhorta a su presidente y miembros a acoger otras iniciativas de sociedad civil orientadas a garantizar la independencia estructural, la autonomía funcional y el pluralismo del IRTP”, se lee en el comunicado difundido por las redes sociales de la ANP.

El lunes 11 de junio la administración de Dina Boluarte promulgó una ley que exonera a los partidos políticos de responsabilidad penal, como se anunció en una edición especial de El Peruano.

La normativa, firmada por la jefa de Estado y el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, introduce modificaciones al artículo 105 del Código Penal al agregar dos párrafos al Decreto Legislativo 635.

Con esta medida, se estipula que las agrupaciones políticas no pueden ser objeto de procesos judiciales por ciertos delitos. Ahora, la Fiscalía solo podrá enjuiciar a los miembros individuales de dichas organizaciones, imponiéndoles sanciones de manera individual.

El proyecto de ley fue aprobado el 10 de mayo por la mayoría del pleno del Congreso, con el respaldo de las bancadas de Perú Libre, Renovación Popular, Podemos Perú y Fuerza Popular, partidos actualmente sujetos a investigaciones fiscales.

A pesar de ello, la iniciativa, impulsada por el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón, fue dispensada de una segunda votación luego de la presentación de un texto alternativo en las comisiones de Constitución y Reglamento.

Entre los partidos que se verían más beneficiados se encuentra Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, quien está siendo investigada por la Fiscalía de la Nación por supuesto lavado de activos relacionado con las elecciones generales de 2021.

Asimismo, Perú Libre enfrenta investigaciones por presunto financiamiento ilícito en el caso Los Dinámicos del Centro durante la misma contienda electoral.

Por otro lado, Podemos Perú está siendo examinado por una posible inscripción irregular ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con su líder José Luna Gálvez bajo investigación por falsificación de firmas y documentos. Además, otros partidos como Renovación Popular están siendo acusados de presunta asociación ilícita y lavado de activos en relación con el caso Lava Jato.