Proponen ley que podría destituir a jueces y fiscales que liberen a delincuentes luego de ser capturados

Un nuevo proyecto de ley fue presentado ayer en el Congreso en el que se modifican las leyes de la carrera fiscal y de la carrera judicial para permitir que tanto jueces como fiscales que liberen a presuntos criminales enfrenten sanciones severas que pueden incluso llegar a la destitución.

La iniciativa provino del despacho de la parlamentaria de Perú Libre, Katy Ugarte bajo el nombre “Ley que sanciona los errores judiciales y fiscales”. El documento indica que se busca incluir una nueva ‘falta muy grave’ tanto para jueces como fiscales, y su finalidad es “lograr investigaciones efectivas por parte del Ministerio Público, y sanciones razonables para los delincuentes por parte del Poder Judicial”.

Según la norma actual, las faltas muy graves tienen diversas sanciones que pueden variar —según los casos— entre sanciones de duración mínima de cuatro meses y máxima de seis meses, o con la destitución del juez o del fiscal. Por lo tanto, de aplicarse esta iniciativa de ley, los administradores de justicia pueden perder sus cargos.

Conforme la ley actual, las instancias encargadas de aplicar las sanciones a jueces y a los fiscales acusados de realizar estos actos “por vicios en la motivación” serían: la Junta Nacional de Justicia (o posiblemente la Escuela Nacional de la Magistratura si se aprueba esta iniciativa en el Congreso), la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, o la Autoridad Nacional del Ministerio Público.

Dentro de la exposición de motivos, la congresista de Perú Libre cita declaraciones brindadas por el presidente del Poder Judicial, quien en marzo de este año indicó que “Los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de criminales). Tiene que haber una figura penal que inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a los delincuentes que solo hacen daño a este país”.

Esta declaración se produjo no solo en un contexto —que se mantiene hasta la actualidad— en el que la inseguridad ciudadana amenaza constantemente a los peruanos, sino que además una encuesta de Datum publicada ese mes indicó que el 85 % de los peruanos no confía en el Poder Judicial ni en la fiscalía. El estudio señaló que la opinión de la ciudadanía es que ambas instituciones son “corruptas”.

A esta declaración del presidente de este poder del Estado se suman otras, en las que Arévalo sostuvo que, debido a los altos niveles de inseguridad ciudadana, se debería declarar como ‘organizaciones terroristas’ a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad.

Las declaraciones del presidente del Poder Judicial no se limitaron a la consideración de las organizaciones criminales como terroristas, sino que también indicó que “previa definición legislativa, pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas” para luchar contra la criminalidad en las calles de todo el Perú.

El congresista Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, también presentó proyectos de ley con el objetivo de sancionar severamente a jueces y fiscales que, por error inexcusable, concedan libertad a personas vinculadas con delitos graves.

Parlamentario mencionó que, de acuerdo a reportes periodísticos, Lima se encuentra entre las ciudades más peligrosas del mundo, equiparándose a Caracas (Venezuela) y Tijuana (México). “Esto refleja una crisis de seguridad que no puede ser abordada sin una reforma profunda en el sistema judicial”, sostuvo.

Este año, en Trujillo, se produjo uno de los casos que son un ejemplo de las motivaciones para este proyecto de ley, y es que pese a ser detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en posesión de artefactos explosivos en sus manos, tres presuntos extorsionadores fueron liberados a pedido de una fiscal. Según la representante del Ministerio Público, no habrían existido suficientes pruebas para inculpar a los hombres capturados.

Los sospechosos fueron detenidos por la PNP en el distrito de El Porvenir el 2 de marzo luego de haber detonado uno de los explosivos a las afueras de una vivienda en la calle Titu Cusi Yupanqui, posiblemente en un intento por amenazar a las personas en su interior.

La fiscal adjunta provincial de El Porvenir, responsable de esta liberación, Fiorella Gutiérrez Rodríguez, indicó que “a pesar de que se ha realizado en el plazo de 48 horas las diligencias a nivel preliminar, no se ha recabado los elementos de convicción suficientes para vincular a los investigados con los hechos materia de investigación”.