Nueva reforma de pensiones todavía no incluye al 70% de los trabajadores peruanos: estos son los riesgos

La reforma del sistema de pensiones aprobada recientemente por el Congreso de la República no cubre a más del 70% de los trabajadores del país. Así lo ha señalado Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), quien subraya que, aunque las modificaciones incluyen cambios positivos, como la expansión de Pensión 65, la reforma no aborda las necesidades de los trabajadores independientes e informales, que representan más del 70% del movimiento laboral del país.

La especialista considera que es crucial incluir en la agenda política la seguridad social para estos sectores vulnerables. Asimismo, la necesidad de una reforma integral que contemple dos pilares fundamentales: la formalización laboral y el soporte orientado a los adultos mayores.

Pues, remarca que, aunque Pensión 65 ha mejorado en cobertura desde su creación en 2011, otros componentes de la reforma, como las pensiones proporcionales y el aporte por consumo, implican un costo fiscal elevado y no resuelven las dificultades de los trabajadores informales.

Por otro lado, Bernal indica que las medidas actuales de retiros de fondos de AFP y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) obedecerían a un ‘apetito político’. Esto debido a que, opina, están siendo utilizadas como una estrategia para ganar votos al permitir que la población disponga de más dinero.

Asimismo, la investigadora critica que la reforma funcione como un subsidio para las AFP. “Esto resulta una transferencia del tesoro público hacia las cuentas de las AFPs para cobrar comisiones. En mi opinión, es un subsidio a las AFPs, justificada en la narrativa de apoyar a los trabajadores, pero sin contemplar a los informales y a aquellos con menores ingresos y que no pueden consumir y solicitar constantemente boletas de consumo”, expresó Bernal.

La nueva reforma de pensiones fue aprobada por el Poder Legislativo el jueves 6 de junio, con solo 38 votos a favor. Según expertos en el tema, esta incluye medidas controversiales, como la prohibición de más retiros y la introducción del sistema de aportes por consumo.

Esta última medida ha generado críticas entre economistas, especialmente en relación con los aportes por consumo, pues, implica que un porcentaje de los impuestos pagados por los afiliados se destinará a sus pensiones, administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), quienes cobrarán una comisión por este servicio.

Sobre este punto, la economista Noelia Bernal señala que los aportes por consumo beneficiarían a los afiliados con más ingresos, puesto que esta medida es regresiva y destina recursos del IGV que podrían ser utilizados en educación y programas sociales.

De otro lado, en cuanto a las pensiones mínimas, la nueva ley fija la jubilación y la invalidez en S/600, mientras que el derecho derivado será de S/400. Asimismo, se han establecido pensiones proporcionales especiales, con montos de S/300 y S/400 según los años de aportes.

Bajo ese lineamiento, aquellos afiliados que realizaron retiros de sus fondos antes de la entrada en vigor de la ley podrán acceder a pensiones proporcionales y mínimas, siempre que cumplan con las unidades de aporte efectivas requeridas. Sin embargo, quienes realicen retiros después de la nueva ley no podrán acceder a estos beneficios.

Además, han surgido crítica por el incremento de la edad mínima para acceder al Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) a 55 años, la prohibición de retiros de cuentas AFP para menores de 40 años y el establecimiento de una pensión mínima para aquellos que ya retiraron fondos de sus cuentas.

La aprobación, con apenas 38 votos, de esta reforma generó una serie de controversias y debates en el Parlamento, con un grupo de más de 20 parlamentarios que han solicitado la censura del vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, por presuntas irregularidades en la votación del proyecto legislativo, cuyo debate duró solo cinco minutos.

Ese día, el jueves 6 de junio, según la congresista Sigrid Bazán, se hizo una aprobación sin debate, postura que también compartieron los legisladores Jorge Montoya y Carlos Anderson.