Esta tarde, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), 16 embajadas y delegaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea, han expresado su preocupación por las propuestas de enmiendas a la Ley 27692, que buscan regular la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), iniciativa impulsada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga.
Los países involucrados consideran que las modificaciones planteadas podrían limitar notablemente el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Perú. Asimismo, resaltan que estos cambios podría repercutir negativamente en la inclusión, equidad, estabilidad y prosperidad de las democracias en el país.
“Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”, subrayaron en un comunicado firmado por las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
Expresidenta del TC y pueblos indígenas también se pronuncian en contra
Respecto al mismo tema, recientemente, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, ha manifestado en una reciente entrevista, desde Cajamarca, su preocupación en cuanto al proyecto de ley respaldado por varios parlamentarios fujimoristas.
Sobre ello, Ledesma afirmó que “las ONGs no le quitan nada al Estado, más bien reciben aportes para apoyar ante la inexistencia del Estado” y, por otro lado, añadió que es crucial fortalecer la presencia de estas organizaciones en sus áreas de especialización, las cuales son reguladas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), entre otras entidades que financian sus proyectos y supervisan si han alcanzado sus objetivos trazados, indicó.
Bajo esa misma postura, organizaciones, entre ellas que representan a los pueblos indígenas, se han sumado al rechazo hacia la iniciativa que tiene por objeto “contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución” de los recursos del exterior gestionados a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Entre ellas está la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), quienes rechazan que la APCI mantenga un registro actualizado de todas las organizaciones que realicen “activismo político” con fondos del exterior, así como las sanciones propuestas en el dictamen, que incluyen desde amonestaciones escritas hasta multas de 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), suspensión temporal y cancelación del registro en la APCI.
Como se detalla, dicha supervisión estaría a cargo de la Intendencia Nacional de Control, Supervisión y Fiscalización de Organismos No Gubernamentales, adscrita a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
“La ONAMIAP expresa su rotundo rechazo a la reciente modificación de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Este cambio normativo, aprobado por el Congreso, obliga a todas las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de la cooperación internacional a inscribirse en un registro controlado por la APCI. Además, introduce sanciones desproporcionadas y arbitrarias, permitiendo la disolución de estas organizaciones sin causa justa ni debida”, manifestaron en su cuenta oficial de Instagram.
Además, la organización agrega que la modificación atenta contra los derechos de autonomía organizativa de los pueblos indígenas y sociedad civil.
“Esta modificación atenta gravemente contra los derechos a la libertad de asociación y a la autonomía organizativa de los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil. No solo busca controlar a las organizaciones, sino también facilitar la intervención directa de los congresistas en competencias exclusivas del Ejecutivo, aumentando la criminalización de quienes defendemos los derechos humanos y protegemos a la Madre Naturaleza (...) no podemos permitir que un poder legislativo corrupto y deslegitimado modifique normas que afectan las autonomías de nuestras resistencias”, indicaron.
¿Qué otras voces se han sumado al discurso de rechazo?
En el mismo marco, asociaciones civiles como Transparencia y la Coordinadora de Derechos Humanos también han criticado la iniciativa. Por su lado, Transparencia comparó el proyecto con medidas de regímenes en Venezuela, Nicaragua y Rusia, mientras que la Coordinadora de Derechos Humanos señaló que las propuestas del Congreso pretenden limitar el derecho de asociación, establecer sanciones administrativas desproporcionadas y permitir la disolución de asociaciones sin causa justa ni debido proceso, al igual que ONAMIAP.
Asimismo, la Coordinadora también alertó que la medida podría impedir que poblaciones vulnerables reciban apoyo de agencias de cooperación internacional, además de silenciar a organizaciones defensoras de derechos humanos y bloquear voces críticas en temas esenciales para el desarrollo nacional.
¿Quiénes son los congresistas que apoyan y rechazan esta iniciativa?
El 5 de junio, tras el debate del proyecto, la aprobación se dio con 12 votos a favor y uno en contra. El respaldo vino de parlamentarios fujimoristas como Aguinaga, Ernesto Bustamante, Patricia Juárez, Auristela Obando, además de Lady Camones, Elva Julón, José Williams, María del Carmen Alva, Darwin Espinoza, Isaac Mita, Silvana Robles y Elías Varas.
El único en contra fue el legislador Luis Kamiche, que argumentó que la medida infringiría el derecho constitucional de libre asociación. Adicionalmente, Kamiche, previo al voto, informó que sugirió un texto consensuado con la participación de las ONG, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la APCI, sin éxito.