CIDH exige al Congreso que detenga el avance de Ley de Amnistía que prescribe delitos de lesa humanidad

Las intenciones del Congreso de la República por eximir de responsabilidades a sentenciados, procesados e investigados por la comisión de crímenes de lesa humanidad durante las épocas del terrorismo y la dictadura del Alberto Fujimori ha puesto al Perú ante los ojos de los organismos internacionales veladores de derechos humanos. Las consecuencias directas han desembocado en un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que expresa su preocupación hacia el Gobierno de Dina Boluarte por la inminente ratificación de esta norma vista como una nueva “ley de amnistía”.

En el comunicado, que fue emitido el último lunes 10 de junio del 2024, la CIDH expresó su contundente preocupación respecto al Proyecto de Ley 6951/2023-CR —que precisa la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra— recientemente aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso del Perú. Dicho proyecto busca establecer la prescripción de todos estos cometidos antes del 1 de julio de 2002; fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma en el país.

“La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra es un principio del derecho internacional que los Estados tienen la obligación de respetar. Son inadmisibles las disposiciones que impidan la investigación y sanción de los responsables por estos delitos”, enfatiza la CIDH en su declaración.

Asimismo, dicha organización advirtió que esta iniciativa contraviene flagrantemente el derecho internacional y desobedece múltiples sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otros instrumentos internacionales, incluido el propio Estatuto de Roma.

En la misiva, la CIDH incluso subraya un principio fundamental del derecho internacional: la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Esto implica que estos delitos, debido a su gravedad y al amplio impacto sobre la humanidad, no deben estar sujetos a ninguna limitación temporal que pueda impedir su investigación y sanción.

Como consecuencia, el comunicado “insta a las personas congresistas a detener el avance del mencionado Proyecto de Ley”, el cual ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. De ser aprobado en segunda votación, permitiría la prescripción de delitos considerados como crímenes internacionales, algo que va en contra de la tendencia global hacia la no impunidad de estos delitos.

De hecho, lo que postula el Congreso de la República con esta ley conocida como la “Ley de la Impunidad”, es retroceder en todo lo avanzado en materia de derechos humanos, y atentar contra la autonomía del Poder Judicial, instando a los jueces “bajo consecuencias de sanción o nulidad”, a que opten por esta norma y declaren anulados los juicios y procesos.

Así, quedan beneficiados investigados por delitos de lesa humanidad como tortura, desaparición forzada, homicidio y genocidio durante el periodo de conflicto social de entre los años 1980 al 2000, entre ellos, terroristas y exdictadores.

A la respuesta de la CIDH, se han sumado gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, las cuales respaldaron la preocupación de la CIDH, señalando que la aprobación de este proyecto constituiría un retroceso significativo en la lucha contra la impunidad en el Perú. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han resaltado que la impunidad de delitos tan graves no solo afecta a las víctimas directas y sus familiares, sino también al conjunto de la sociedad, perpetuando una cultura de impunidad que debilita el Estado de derecho.

Por su parte, las víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus familiares han sido claros en su rechazo a cualquier medida que conduzca a la impunidad. Para ellos, la lucha no solo es por justicia, sino por mantener viva la memoria de los horrores sufridos y evitar que se repitan en el futuro. La aprobación del proyecto de ley no solo representaría un fracaso en garantizar justicia, sino también una traición al compromiso por parte del Estado de proteger y respetar los derechos humanos de todos sus ciudadanos.