Hania Pérez de Cuéllar justificó aumento de tarifas de agua: señaló que hoy están “artificialmente bajas”

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, ha recomendado que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) implemente un aumento gradual y progresivo en las tarifas del agua. Esto, luego que, en una reciente entrevista con ‘Punto Final’, señalara que las tarifas actuales están “artificialmente bajas” y no cubren los costos de operación ni mantenimiento de la infraestructura necesaria para brindar el servicio.

Asimismo, en diálogo con el programa dominical, Pérez de Cuéllar expresó su preocupación de que el incremento anunciado por Sunass pueda generar alarma innecesaria, y afirmó que “las tarifas necesitan ser sinceradas poco a poco”.

Y, resaltó que Sunass debería alinearse con la propuesta del Reglamento del Decreto Legislativo 1620, que en los últimos meses ha sido motivo de protestas, ya que los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal (Sutesal) señalan que este “desconoce el derecho humano” de acceso al agua y apunta a una presunta privatización de la entidad encargada de la administración del servicio en la capital.

Por otro lado, durante la entrevista, Pérez de Cuéllar cuestionó posibles intereses políticos dentro de Sunass, sugiriendo que no quieren ajustarse a las nuevas normativas. “El regulador se ha puesto en un lugar extremo, generando pánico innecesario. Yo creo que están en campaña, hay intereses detrás”, comentó.

Y, recordó que Sunass tiene un plazo de dos años para realizar un estudio tarifario en todas las regiones del país. “A partir de diciembre de 2026, Sunass podrá establecer el aumento de tarifas de forma gradual y progresiva para Sedapal, Sedalib y Sedajuliaca (empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) en Lima y Callao, La Libertad y Juliaca, en Puno)”, agregó.

Por su parte, Mauro Gutiérrez, titular de Sunass, advirtió que la implementación del Decreto Legislativo 1620 podría resultar en un aumento significativo de las tarifas del agua potable, que posiblemente llegaría a duplicarse en Lima y Callao y hasta triplicarse en otras regiones.

Frente a ello, Gutiérrez hizo un llamado a la calma e indicó que el reglamento está en proceso de discusión y exhortó a una revisión metodológica de los criterios que se están aplicando.

En tanto, en el marco de la nueva polémica que envuelve a Pérez de Cuéllar, de acuerdo a un reciente informe de Diario Gestión, Sedapal ha manifestado su disconformidad con el modelo tarifario aprobado por Sunass para el periodo 2022-2026.

Según Percy Echave, jefe del Equipo de Planeamiento Operativo y Financiero de Sedapal, los cálculos realizados por el regulador son incorrectos y no contemplan variables necesarias, lo que podría llevar a la empresa a un flujo de caja negativo durante los cinco años de vigencia del modelo tarifario.

En una reciente conferencia de prensa, voceros de Sedapal y otras Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) explicaron las discrepancias encontradas en los cálculos de Sunass. Según declaró Jorge Gómez, presidente del directorio de Sedapal, tuvieron que solicitar información a través de un pedido de transparencia después de que el regulador no les proporcionara voluntariamente los detalles necesarios.

En esa línea, una vez obtenido y revisado el esquema tarifario, Sedapal concluyó que habría tres años de saldo negativo debido a un error en la consideración de S/ 117 millones como ingreso disponible.

Pero el problema se agrava aún más, pues, Percy Echave, Sunass también ha ordenado que Sedapal destine una parte de sus ingresos a un fondo de inversión intangible, lo que afectaría el resultado económico de la compañía para todo el periodo regulatorio.

Por su lado, Max Carbajal, Director General de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ha declarado que la exigencia de hacer un rebalanceo tarifario contemplada en el Decreto Legislativo 1620 no significa un aumento abrupto de tarifas, precisando que Sunass tiene dos años para hacer un análisis caso por caso y determinar si se justifica un incremento tarifario.