La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidirá el miércoles 12 de junio si impone una medida de impedimento de salida del país por 36 meses contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el contexto de la investigación preliminar que se le sigue por presunta organización criminal.
Como se sabe, el pasado 23 de abril, la fiscal suprema Delia Espinoza solicitó el impedimento de salida del país para Benavides, alegando un riesgo procesal debido a su supuesta vinculación con una organización criminal dentro del Ministerio Público, según las declaraciones de su exasesor Jaime Villanueva y otras pruebas.
Sin embargo, el 8 de mayo, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la solicitud, argumentando que el caso no cumplía con el test de proporcionalidad necesario para justificar la medida y señalando la falta de suficientes elementos de convicción y la conducta procesal adecuada de Benavides y su defensa.
La fiscal suprema Delia Espinoza presentó un recurso de apelación para revocar la decisión del juez Checkley, por lo que se programó una nueva audiencia virtual, para las 9 de la mañana. Allí, el tribunal evaluará el pedido de la fiscal.
La sala, que estará presidida por el juez supremo César San Martín, también escuchará los argumentos de la defensa de Patricia Benavides, que busca mantener la resolución de Checkley Soria.
Archivan demanda de Patricia Benavides con la que buscaba archivar investigación en su contra
El Poder Judicial archivó una demanda de amparo presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que buscaba anular las investigaciones preliminares y procedimientos disciplinarios en su contra por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La jueza constitucional Jackeline Tarrillo anuló todo lo actuado y dio por concluido el proceso relacionado con esta demanda de amparo, ordenando su archivo definitivo. Esto se debe a que el Procurador Público de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó un recurso por falta de agotamiento de la vía previa o administrativa, el cual fue declarado fundado.
La magistrada tomó esta decisión porque, al momento de presentar la demanda de amparo, no se había agotado la vía administrativa. Además, la exfiscal Patricia Benavides seguía participando activamente en el proceso, presentando diversos pedidos.
Patricia Benavides buscaba que se declaren nulos todos los actos en los que participaron los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros instructores de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), alegando falta de imparcialidad y decoro. Sin embargo, la jueza Tarrillo Meneses explicó que el artículo 7, numeral 4 del Código Procesal Constitucional establece que no proceden los procesos constitucionales cuando no se han agotado las vías previas, limitando así el acceso a la tutela constitucional para permitir que la administración pública se pronuncie primero.
Además, la titular del Sexto Juzgado Constitucional de Lima resolvió el 29 de mayo que “carece de objeto” emitir un pronunciamiento sobre una solicitud de medida cautelar presentada por Patricia Benavides para suspender las investigaciones y procedimientos disciplinarios en su contra hasta que se resolviera el fondo de la demanda de amparo.
La jueza Tarrillo Meneses también determinó que Patricia Benavides asuma el pago de los costos del proceso, ya que existen otros procesos de amparo presentados por la exfiscal con el mismo petitorio. Patricia Benavides presentó un recurso de apelación el 29 de mayo para que estas resoluciones sean revisadas por la Tercera Sala Constitucional de Lima.
El 22 de mayo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso la destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por incurrir en una falta disciplinaria muy grave según la ley de la Carrera Fiscal. Esto ocurrió debido a su interferencia en una investigación contra su hermana, Enma Benavides, y la separación de su cargo a la Fiscal Suprema Adjunta Bersabeth Revilla sin la debida motivación y con un trato degradante.
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