Ministerio del Interior intervino el Fondo de Vivienda Policial por casos de corrupción y denuncias de extorsión

El titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, ordenó la intervención del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol). Ello, al conocerse que, pese a que en febrero de 2020, se aprobó una inversión de S/341 millones para desarrollar 1.005 viviendas unifamiliares, hasta la fecha, no se ha entregado ni el 5% de ellas.

En diálogo con La República, el ministro aseguró que investigarán la pérdida de los pagarés de los contratos de préstamos al personal policial beneficiado y revisarán los contratos de construcción de viviendas en todo el país destinadas a las familias de los policías. Añadió que prácticamente “se han robado los pagarés”.

“En esta investigación van a rodar cabezas no solo de generales sino de otros oficiales y subalternos de diferentes graduaciones, quienes estuvieron a cargo del directorio y de la administración del Fovipol. Estas personas son las que han originado millonarias pérdidas en agravio de miles de policías”, enfatizó Santiváñez, quien además se pronunció en desacuerdo con la obligatoriedad del descuento del 5% para financiar las viviendas. “Debería ser voluntario y no obligatorio”, consideró.

Como se recuerda, a partir de una auditoría de la Contraloría General, publicada el 4 de diciembre de 2023, se recomendó iniciar acciones penales, buscando que los responsables asuman las consecuencias de las irregularidades detectadas.

El diario en mención reveló el caso del Grupo Inmobiliario Kinsa, a quien Fovipol adjudicó la construcción de 680 viviendas en Piura por S/103 millones. Sin embargo, cuando la empresa entregó la el primer lote de viviendas, listas desde febrero de 2021, el entonces gerente general de Fovipol, general Samuel Peralta, se negó a recibirlas. Hasta el momento, solo se han entregado 45 viviendas, equivalente al 4.47% del total planeado.

La constructora presentó la queja ante el Directorio de Fovipol, que acordó una nueva fecha de entrega para las primeras 170 viviendas. Valeria Landa Vásquez, representante de Kinsa, acusa a Peralta de acciones obstructivas y presuntas extorsiones.

“El general Peralta se oponía a recibir las casas, pese a que había un nuevo cronograma y una adenda al contrato aprobada por el Directorio de Fovipol. Llegó a decirme que solo quería hablar con mi esposo, no conmigo, porque no trataba con mujeres”, señaló la representante del Grupo Inmobiliario Kinsa, Valeria Landa Vásquez.

Detalló que Peralta trató de disolver el contrato con el argumento de que las construcciones no contenían una estructura resistente. Sin embargo, de acuerdo a La República, la constructora presentó pruebas que desvirtuaron sus afirmaciones. “Al ver que no funcionaron sus pruebas de la resistencia de la estructura de la vivienda, el general Peralta sacó de la manga otras observaciones adicionales que resultaron siendo obstructivas al cien por ciento. Es entonces que notamos que el general Peralta quería extorsionarnos”, señaló Landa.

En marzo de 2021, el coronel PNP José Alarcón Camacho reemplazó a Peralta como gerente general del Fovipol, manteniendo la misma postura obstructiva. El 25 de octubre de 2021, a pedido del nuevo gerente, el fiscal Marco Huamán Muñoz inspeccionó los proyectos en cuestión.

Por su parte, en diciembre de 2021, Kinsa inició un arbitraje contra Fovipol, y en julio de 2023, el Tribunal Arbitral falló a favor de la constructora, ordenando a Fovipol recibir las viviendas tras subsanar las juntas sísmicas. Sin embargo, hasta el momento, el Fondo de Vivienda Policial no cumple con el mandato.

A dicho caso se le suma la compra de un terreno en Simbila, Castilla, por S/27 millones, destinado a la construcción de viviendas, pese a que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) determinó que existe un alto riesgo de inundación.

La Contraloría General de la República descubrió irregularidades en el manejo del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), según un informe reciente. El hallazgo principal indica que diversas empresas inmobiliarias se beneficiaron de pagos anticipados por un monto total de S/ 34 millones 708 mil 569, destinados a la construcción de casi 1000 viviendas en Lambayeque y Piura, que aún no han sido completadas ni entregadas a los policías contribuyentes.

Las auditorías realizadas por el Órgano de Control Institucional (OCI) revelaron múltiples fallas y favoritismos en la administración del fondo. La investigación detectó que en Lambayeque los proyectos “La Purísima” y “Carlos Stein” no siguieron los procedimientos legales adecuados, incluyendo la modificación de contratos y la selección irregular de las constructoras, lo que ha causado una paralización significativa de las obras y un perjuicio económico al estado.

En 2019, funcionarios del Fovipol firmaron contratos de fideicomiso con Cofide para ambos proyectos sin utilizar el procedimiento de licitación pública exigido por la ley. Esta omisión permitió que el contratista recibiera un anticipo del 25% del presupuesto total, sin garantías adecuadas, resultando en un adelanto de S/ 9 millones 621 mil 769 mediante un aval hipotecario sobrevaluado. A pesar de esto, las construcciones no mostraron avances significativos y presentaron múltiples deficiencias.

Adicionalmente, los informes señalaron irregularidades en la gestión de los proyectos “Las Palmeras de San Pablo” y “Oasis de Colán” en Piura y Paita, comprometiendo un financiamiento total de S/ 103 millones 189 mil 006. La selección de un proveedor no calificado y un adelanto indebido de S/ 25 millones 086 mil 800 sin las garantías pertinentes, resultó en un mal manejo de los fondos y atrasos en la entrega de 680 viviendas.