Tal como algunos parlamentarios advirtieron, el expresidente Alberto Fujimori sería uno de los beneficiados con la aprobación de la Ley de aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, también conocida como la “ley de amnistía”. Elio Riera, abogado del exmandatario confirmó que, de promulgarse, solicitarán su aplicación.
Aunque insistió que la imputación por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos es “nula”, pues en el momento en que ocurrieron los hechos estos no constituían delitos de lesa humanidad, destacó que recurrirán a la norma.
“Si esta ley se aprueba, tendremos que solicitar la aplicación, porque la ley es de obligatorio cumplimiento. No queda otra alternativa para la sala o el juzgado que el cumplimiento de la ley. [...] Lo que realiza el Congreso de la República es ejercer el respeto al principio de imputación necesaria, una imputación válida. Nosotros hemos presentado en el caso Pativilca una excepción de prescripción por cuanto el delito que se le imputa al señor expresidente es nulo”, afirmó, en diálogo con RPP Noticias.
“Al momento de la imputación como tal de los presuntos hechos, que negamos categóricamente hayan sido dirigidos por el señor presidente, no eran o no constituían delito de lesa humanidad”, agregó.
Cabe mencionar que, para ser efectiva, la ley necesita una segunda votación aprobatoria. La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano, destacó que la propuesta respeta los “principios de constitucionalidad de legalidad, tipicidad y prohibición de retroactividad”, según El Comercio. Sin embargo, ha generado controversia. El congresista Guillermo Bermejo señaló que mientras las Fuerzas Armadas y la Policía merecen reconocimiento por combatir el terrorismo, la iniciativa busca eximir a elementos negativos dentro de estas instituciones. La bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú solicitó una reconsideración.
En una primera votación, la propuesta fue aprobada con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. Infobae Perú obtuvo acceso al dictamen, el cual establece que “nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002″. Esta medida afecta directamente a procesos derivados de las acciones de las fuerzas armadas y grupos paramilitares durante el Gobierno de Alberto Fujimori y su secretario Vladimiro Montesinos.
Según el Instituto de Defensa Legal, representado por el abogado especialista en derechos humanos Carlos Rivera Paz, la normativa no solo vulnera la independencia del Poder Judicial, sino que también configura una ley inconstitucional. El artículo 5 del dictamen establece sanciones para los jueces que intenten aplicar control difuso para descartar la norma.
Ruth Luque, congresista y crítica de la norma, declaró que esta ley constituye una “amnistía encubierta” para proteger a violadores de derechos humanos, argumentando que los principales beneficiarios son aquellos condenados por el sistema de justicia peruano antes del 2002.
“Es una iniciativa legislativa que ha sido pensada en poco tiempo, pero que corre con prioridad. Entonces el tema es qué cosas se priorizan y bajo qué condiciones se priorizan. Yo sí creo que el Congreso de la República puede lograr cosas importantes si hubiera un ánimo de consenso. Los hechos demuestran que sí se puede, pero los hechos también están demostrando que hay temas que se prefiere no abordar”, mencionó a La República.
“Esto nos lleva a un debate de fondo, donde aceptar los derechos humanos es aceptar la democracia, y eso no se hace acelerando proyectos de ley, que bajo el análisis de la justicia formal encubren graves violaciones a los derechos humanos. Es un grave retroceso para proteger los derechos fundamentales porque, además, hay un doble discurso de congresistas que quieren proteger ese tipo de violaciones, pero han cometido delitos. Es una amnistía encubierta para Alberto Fujimori, exmiembros de las Fuerzas Armadas y terroristas”, agregó.