JNJ rechaza dictamen que busca su remoción: Aprobación en el Congreso “es un retroceso y afecta a todo el sistema de justicia”

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) manifestó su rechazo y preocupación por la rápida aprobación en la Comisión de Constitución del proyecto de reforma constitucional que propone su desaparición y la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. La entidad recordó que el dictamen respaldado con 13 votos fue observado por organismos nacionales e internacionales.

Según la JNJ, en lugar de mejorar la administración de justicia, la decisión representa un retroceso. El otorgamiento a la sala plena del Poder Judicial y a la junta de fiscales de la facultad para elegir jueces y fiscales respectivamente, podría corromper el sistema de justicia, replicando problemas del pasado. Además, el proyecto permitiría injerencias del poder político en la designación de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), al asignar esta función al Senado, entidad que también podría remover a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público.

En la víspera, el Fondo Monetario Internacional, en su informe sobre Perú, recomendó al gobierno asegurar la efectividad de la JNJ para salvaguardar su independencia. Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados expresaron su preocupación tras el informe de la Misión Internacional de Observación (MIO), que destaca diversas formas de interferencia del Poder Legislativo en el normal funcionamiento de la JNJ.

La votación se llevó a cabo durante una sesión extraordinaria presidida por la legisladora Martha Moyano de Fuerza Popular.

En respaldo votó la titular del equipo de trabajo, Alejandro Aguinaga y Patricia Juárez de Fuerza Popular; Gladys Echaiz de Honor y Democracia; Lady Camones y Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso; José Elías y Juan Burgos de Podemos Perú; Alex Paredes del Bloque Magisterial, Alejandro Muñante de Renovación Popular, Héctor Valer de Somos Perú y la no agrupada María del Carmen Alva.

Con dicha aprobación, el dictamen queda ahora expedito para ser debatido en el pleno del Parlamento, una instancia superior. Para su aprobación definitiva, al tratarse de una reforma constitucional, se requerirán 87 votos en dos legislaturas o 66 votos más un referéndum.

El documento sobre el proceso de elección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) expresó su profunda preocupación por la interferencia del poder legislativo en el funcionamiento de la JNJ. La misión, compuesta por expertos internacionales en justicia, derechos humanos y anticorrupción, ha señalado un deterioro en la institucionalidad de la JNJ debido a repetidos intentos de interferencia política.

Uno de los asuntos más críticos que la MIO-Perú identificó es el uso reiterado de juicios políticos contra miembros de la JNJ. La misión observó un patrón inusual de utilización de este mecanismo sin fundamentación adecuada en hechos graves establecidos por la ley. La falta de claridad y de pruebas sólidas detrás de estas acusaciones preocupa a los observadores, quienes consideran que esto atenta contra la independencia de la JNJ y el sistema de justicia peruano.

Adicionalmente, la misión subrayó su inquietud respecto a iniciativas de reforma constitucional encaminadas a disolver la JNJ y reemplazarla con un nuevo organismo. Los observadores advirtieron que tales propuestas carecen de justificación técnica y podrían desestabilizar aún más el sistema judicial. La JNJ, creada mediante un referéndum en 2018 con una amplia mayoría de votos, cumple un papel crucial en la designación de altas autoridades judiciales y electorales.

La misión ha hecho varias recomendaciones preliminares al respecto. Entre ellas, sugieren revisar y corregir la regulación constitucional relacionada con el uso del juicio político. También recomiendan reconsiderar las iniciativas legales que podrían contravenir el mecanismo constitucional para elegir a los miembros de la JNJ. Finalmente, proponen que cualquier modificación a la institucionalidad de la JNJ sea precedida por un estudio técnico serio y riguroso.