La Municipalidad Metropolitana de Lima, a cargo del alcalde Rafael López Aliaga, clausuró el emblemático prostíbulo ‘Las Cucardas’ el pasado 15 de mayo, a pesar de que el establecimiento contaba con una licencia de funcionamiento vigente y un certificado de seguridad de edificaciones válido hasta 2026, según un informe difundido el domingo por La Contra, que presentó documentos oficiales.
Fundado por la familia Shimabukuro, el club nocturno es actualmente gerenciado por Evelyn Sotomayor, quien señaló al pódcast que la empresa invirtió casi un millón de soles en remodelarlo después de la pandemia, un periodo que impactó notablemente las dinámicas del trabajo sexual en el país e incrementó la vulnerabilidad de quienes lo ejercen, de acuerdo con Amnistía Internacional.
El 15 de abril, un grupo de inspectores de seguridad de la comuna realizó una visita inopinada al establecimiento y dejó 11 observaciones, las cuales fueron subsanadas. De hecho, dos días después, los fiscalizadores confirmaron que cumplía con las normas de seguridad, según documentos obtenidos por el periodista Paolo Benza, conductor del espacio.
A pesar de esa regularización, semanas más tarde, la arquitecta María del Rosario Pflucker emitió un informe en el que alegaba que faltaban aspersores de agua contra incendios. Sotomayor explicó que, debido a las dimensiones del área de entretenimiento, de 248 metros cuadrados, los aspersores no son exigibles por ley.
La parte que incluye los cuartos alquilados por las trabajadoras sexuales no cuenta para el metraje de los rociadores, una interpretación que ha sido válida durante los 50 años de operación del local. A pesar de cumplir con las normas de seguridad, el pasado 14 de mayo, la Municipalidad de Lima anuló la licencia del local con base en ese informe.
Al día siguiente, el establecimiento fue cerrado, una acción que dejó a aproximadamente 50 trabajadoras sexuales, muchas de ellas extranjeras, sin un lugar seguro para laborar. “Todo muy planificado y dirigido. Argucias, es claro”, apuntó Benza. En ‘Las Cucardas’, ellas contaban con limpieza y seguridad provistas por la empresa, junto con exámenes médicos mensuales de secreción, trimestrales de infecciones de transmisión sexual (ITS) como VIH y anuales de hepatitis.
Organizaciones feministas han recalcado que, al igual que en cualquier otra profesión, las trabajadoras sexuales merecen tener acceso a derechos fundamentales como la seguridad social, la salud, la protección contra el abuso y la explotación, y la posibilidad de trabajar en un ambiente seguro y protegido.
Ahora, en cambio, están expuestas a tener que ejercer en las calles bajo condiciones inseguras y a menudo a merced de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que opera redes de trata de personas. La Contra revisó mensajes y audios en los cuales piden la reapertura del local al señalar que, además de enfrentar peligros, están siendo maltratadas y no pueden esperar para pagar sus cuentas y mantener a su familia.
Cecibel Jiménez, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, ya había señalado a Infobae Perú que el trabajo sexual no es un delito en el país, aunque actividades como el proxenetismo y la explotación sexual sí lo son, con penas de 4 a 6 años. La letrada enfatizó la necesidad de reconocer los derechos y la ciudadanía de las trabajadoras sexuales y propuso medidas para abordar su vulnerabilidad.
En reiteradas ocasiones, las trabajadoras sexuales han denunciado que una parte significativa de sus ganancias va a manos de agrupaciones delictivas, que les exigen pagos de entre 200 y 600 soles por semana para permitirles operar. Estas mafias controlan diversas “zonas rosas” en distritos como Los Olivos, San Juan de Miraflores, Independencia, el Centro de Lima, Lince y San Juan de Lurigancho.
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