PNP desalojó violentamente del Centro Histórico de Lima a obreras de limpieza pública tras despido masivo: más de 860 se quedaron sin trabajo

Esta tarde las obreras de limpieza cesadas por la gestión del alcalde Rafael López Aliaga fueron reprimidas con gases lacrimógenos cuando protestaban de manera pacífica en la Plaza de Armas.

La Policía dispersó la manifestación de las trabajadoras que reclamaban a la gestión de López Aliaga renovar el contrato con la empresa Innova Ambiental, encargada hasta el mes pasado de la recolección de residuos.

Sin embargo, la negativa por parte de Aliaga dejó sin empleo a más 860 trabajadoras del sector con más de 20 años de servicio, quienes, además, exigen ser incluidas en la planilla de la municipalidad bajo la Ley 31254, que estipula tal incorporación en caso de cancelación del contrato de tercerización.

De acuerdo al Sindicato de Trabajadores Obreros Sitobur, el alcalde de Lima estaría desconociendo la Ley 31254, que obliga a incorporarlas a las planillas municipales al término de una concesión, en este caso con la empresa Innova Ambiental. “El alcalde está desconociendo nuestra ley”, manifestó Florentina Quiroz a Wayka en un reciente reportaje.

Según el mismo medio de comunicación, “las obreras debieron ser incorporadas a planilla desde la gestión de Jorge Muñoz, pero ni él ni el actual alcalde han cumplido con la ley”. Además, indicaron que López Aliaga convocó a un concurso público para tercerizar este servicio a una nueva empresa.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) de Lima Centro ha iniciado un procedimiento preventivo contra los responsables de la acumulación de residuos sólidos en las calles del Cercado de Lima.

Sobre el particular, la fiscal provincial Diana Vargas Quiñones, encargada del procedimiento, exhortó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y al subgerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Metropolitana de Lima a adoptar medidas urgentes para gestionar la acumulación de residuos a fin de reducir riesgos en el ambiente y la salud pública.

En esa línea, como parte del proceso, tanto el alcalde como el subgerente municipal deben informar al despacho fiscal sobre las acciones tomadas para resolver el problema, mientras el incumplimiento de normas de manejo de desechos y la posible concesión ilegal de derechos son motivos de vigilancia por parte de la Fiscalía.

Por otro lado, el descontento no se limita a las trabajadoras despedidas. El incumplimiento de promesas de campaña también ha motivado a ciudadanos a iniciar un proceso de revocatoria contra López Aliaga.

Según difundió el periodista Alonso Ramos, el ciudadano Ciro Silva viene promoviendo esta iniciativa, debido a una serie de críticas y obstáculos políticos desde que asumió el cargo en enero de 2023. Pues, se muestran en contra sobre la eficacia de su gestión y el manejo de los servicios públicos en la capital.