Inés Tello y Aldo Vásquez: Poder Judicial evalúa hoy si anula inhabilitación que les impuso el Congreso

La Primera Sala en lo Constitucional de Lima evaluará hoy martes 4 de mayo, a las 9:00 de la mañana, el amparo presentado por los consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez, para anular la inhabilitación que le impuso el Congreso.

Tello y Vásquez, junto a María Zavala, Imelda Tumialán y Antonio de la Haza, presentaron la acción de amparo antes de que se votara el informe final de la denuncia constitucional que proponía inhabilitarlos por 10 años de la función pública. Dicha sanción únicamente procedió contra los dos primeros.

La sala conformada por los magistrados Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzáles y Bacilio Cueva Chauca admitió el amparo el 7 de marzo, horas antes de que el Pleno del Congreso debatiera y votara el informe final.

El juez Tapia Gonzáles emitió un voto singular proponiendo que se dé celeridad al pronunciamiento de fondo ya que “resulta razonable no dilatar el conocimiento de la presente causa por el riesgo de eventual irreparabilidad que pudiera existir, de tener fundamento lo alegado por la parte actora (consejeros de la JNJ)”. Sin embargo, este planteamiento no prosperó, por lo que se programó la audiencia para el 4 de junio.

Como parte de este proceso, se emitió una medida cautelar que repuso a Aldo Vásquez e Inés Tello de manera provisional en sus cargos de miembros titulares de la JNJ. No obstante, una medida cautelar del Tribunal Constitucional, a pedido del Parlamento, suspendió los efectos de la decisión judicial hasta que la Corte Suprema resuelva la apelación.

Según pudo conocer Infobae, aún no se ha autorizado que la audiencia de este martes 4 sea transmitida por Justicia TV.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al Estado peruano a asegurar el correcto funcionamiento y proteger la independencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto fue expresado tras una misión de la organización financiera internacional que visitó el país el 4 de junio de 2024, según publicó Infobae.

El FMI subrayó la importancia de “procesos sólidos de investigación de antecedentes judiciales de los jueces titulares” y la disminución de magistrados supernumerarios para restaurar la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Actualmente, la JNJ maneja la evaluación y designación de jueces titulares, sin embargo, enfrenta limitaciones debido a la falta de recursos proporcionados por el Estado, lo que impide la apertura de plazas para dichos nombramientos.

Según declaraciones de Aldo Vásquez, consejero de la JNJ a Infobae, un 55% de los fiscales en Perú son provisionales y casi el 40% de los jueces del Poder Judicial son supernumerarios. El FMI resaltó la creación de la JNJ en reemplazo del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), disuelto por escándalos de corrupción.

Asimismo, el FMI recomendó al Estado peruano promover una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público para fortalecer su independencia y eficiencia en la persecución de delitos de alto nivel, incluyendo la corrupción. La ley vigente data de 1981 y el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha conformado una comisión para la elaboración de un nuevo proyecto de ley.

En el último año, la JNJ ha enfrentado diversas denuncias constitucionales y mociones en el Congreso que buscan su eliminación o remoción de sus miembros. Un informe reciente recomendaba la inhabilitación por 10 años de todos los miembros de la JNJ por presuntos beneficios a la magistrada Inés Tello, sin embargo, solo se logró la inhabilitación de Tello y Aldo Vásquez.

Asimismo, en la Comisión de Constitución presidida por Martha Moyano, se debate una propuesta para reemplazar la JNJ por la “Escuela Nacional de la Magistratura”. Además, la designación de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) podría pasar a ser potestad del Senado.

Recientemente, la JNJ destituyó a Patricia Benavides como fiscal de la Nación por faltas graves en sus funciones, aunque su defensa prepara un recurso de reconsideración, no suspendiendo de inmediato su destitución.