En el marco de los 15 años del ‘Baguazo’ —uno de los conflictos sociales socioambientales más cruentos de la historia del Perú que dejó un saldo de 33 muertos— y el Día Mundial del Medio Ambiente, este miércoles 5 de junio se estrenará el documental “Entre el verde y el oro” en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
El evento se llevará a cabo en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales (FIEECS), desde las 6:00 p.m, y, a su vez, será transmitido de forma virtual a través de las redes sociales del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), quienes en 2009 iniciaron la protesta legítima, junto a los wampís, para exigir la derogatoria de dos decretos emitidos por el gobierno del entonces presidente Alan García.
Esto debido a que vulneraba su derecho a la consulta previa, dejando que solo el Estado Peruano decida si aprueba o no las inversiones petroleras y mineras dentro de sus territorios.
El documental, dirigido por Roberto Pajares y realizado por el equipo del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), aborda la extracción ilegal de oro en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, y busca revelar los impactos de esta actividad, tales como la contaminación de ríos y suelos, así como sus problemas sociales que incluyen la división y desplazamiento de las comunidades indígenas awajún.
Asimismo, el documental será difundido mediante las plataformas virtuales de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), la ONG CooperAcción, y los portales periodísticos Vigilante Amazónico y Wayka.
Por otro lado, además del estreno, se presentará una exposición fotográfica enfocada en la biodiversidad de la Amazonía norte, bajo la campaña “Sin Amazonía no hay vida”, que mostrará la riqueza en flora y fauna de la región.
Y, adicionalmente, se organizará un vídeo foro con el fin de generar un diálogo sobre el valor del bosque amazónico y la importancia de las culturas indígenas en su preservación, con un enfoque particular en la cultura awajún.
Con ello, se espera reflexionar de manera colectiva sobre la defensa del territorio, que sigue siendo un tema crucial para el pueblo awajún, pues, actualmente, enfrentan amenazas como la tala indiscriminada, la minería ilegal, y los cambios en el uso del suelo promovidos por modificaciones a la Ley Forestal, detallan los representantes de las comunidades.
¿Qué es lo último que se sabe sobre el ‘Baguazo’?
El 27 de noviembre del año pasado, tras 14 años de espera, José Armando Sánchez Farfán y Luis Elías Muguruza Delgado, generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron condenados a cuatro años de pena suspendida y al pago de una reparación civil de más de un millón de soles por su responsabilidad en las muertes durante el ‘Baguazo’.
La sentencia se dio luego un juicio que acreditó la falta de planificación en el operativo denominado la Curva del Diablo, que resultó en 33 muertes —23 policías y 10 ciudadanos indígenas— por arma de fuego.
En el mismo fallo, emitido por la Corte Superior de Justicia de Amazonas, se ordenó procesar penalmente a Mercedes Cabanillas Bustamante, exministra del Interior, y a Bernabé Garavito Berrocal, exjefe de operaciones de la Policía, por no tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población durante la manifestación del 5 de junio de 2009.
No obstante, según información publicada por Ojo Público, la Fiscalía decidió apelar la sentencia, en busca de una pena de 25 años para los condenados, argumentando que la condena actual es insuficiente.
John Estela, víctima del enfrentamiento y quien perdió una pierna por impacto de bala, expresó su disconformidad con los montos de la reparación civil otorgados.
Asimismo, en octubre pasado, la Sala Penal de Apelaciones de Bagua absolvió unánimemente a los acusados de la muerte del mayor PNP Felipe Bazán, quien permanece desaparecido desde que ocurrieron los hechos.
¿Por qué se desató el ‘Baguazo’?
El conflicto del Baguazo se desató cuando miembros de las comunidades indígenas awajún y wampís protestaron contra decretos legislativos impulsados por el entonces presidente Alan García, que permitían al gobierno realizar inversiones extractivas sin consulta previa.
Durante el desalojo de la Carretera Fernando Belaúnde Terry en Bagua, más de 2.000 manifestantes bloquearon la vía y tomaron la estación 6 de Petroperú, lo que provocó la violenta respuesta policial.