La basura se acumula en las calles y avenidas de Lima por cuarto día consecutivo, mientras que la administración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirma que el motivo de finalización de contrato con Innova Ambiental -que antes se encargaba de la limpieza pública- era debido a sobrecostos.
Incluso el alcalde, en un evento oficial en Villa María del Triunfo, indicó que “ahora tenemos una municipalidad saneada. (Ahora tenemos el) temas de basura (...), problema de una empresa que se le cortó el contrato porque tenía sobrecostos producto de corrupción, 20 años. Ahora hacen su maniobra y no dan servicios, pues, pero lo vamos a solucionar”.
Aunque la problemática se hizo más evidente en los últimos días, Infobae Perú pudo conocer que la Municipalidad de Lima y en particular el alcalde Rafael López Aliaga, recibieron en febrero y abril de este año dos informes de la Contraloría General de la República, en los que se daba cuenta de que actualmente existe un riesgo de que el servicio de limpieza pública no se realice en cumplimiento a normas que garantizan que esto se haga de forma adecuada.
Municipalidad de Lima incumplió la ley que prohíbe la tercerización laboral
El primer informe, que fue enviado a la Municipalidad de Lima y notificado por medio de un oficio al alcalde Rafael López Aliaga, indica que en 2016 el Ministerio de Economía (MEF) aprobó una modificación del contrato que vinculaba a municipio con Innova Ambiental para que se siga brindando el servicio de limpieza por 120 días o hasta que se adjudique el servicio a otro concesionario.
Pese a ello, la Municipalidad no adjudicó a un nuevo concesionario y la propia Contraloría reconoció en ese documento que la empresa Innova Ambiental seguía contratada para brindar el servicio de limpieza pública.
Sin embargo, también se reportó que el concurso público realizado en enero por la Municipalidad de Lima para alquilar vehículos de recojo de residuos sólidos no solo tiene como finalidad ello, sino que además se pide que estos incluyan supervisores, choferes y operarios especializados. Estas personas serían encargadas del cumplimiento de las tareas de limpieza.
Esto sería contrario a la ley que prohíbe la tercerización o de contratar por medio de intermediarios a personal que ejecute “los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines que prestan los obreros municipales (...)”.
El documento de la Contraloría señala directamente a la Subgerencia de Servicios a la Ciudad, además de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos en el cumplimiento no solo de la ley que prohíbe la tercerización laboral, sino que además “a respetar las normas vinculadas a la misma y a asegurar el respeto de los demás agentes sociales”.
Es por eso que el jefe del Órgano de control Institucional de la Municipalidad de Lima, Edgar Raúl Cueva Gamero, envió el informe indicando al alcalde López Aliaga “que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del “Servicio de Limpieza Pública”.
Segundo informe desfavorable para la Municipalidad de Lima
Aun con un primer informe indicando que este proceso generaba conflictos con la ley que prohibía la tercerización, la Contraloría emitió un segundo documento respecto al mismo motivo, pero en referencia a un nuevo concurso público por el que la Municipalidad intentaba alquilar vehículos “para el lavado y desinfección de espacios públicos”.
El segundo documento revela qué pasó con las “acciones preventivas y correctivas” solicitadas a la gestión de López Aliaga e indica que “la Entidad no estableció condiciones mínimas para que se implemente la Ley N° 31254 (que prohíbe la tercerización)″.
El informe no solo indica que la Municipalidad de Lima no implementó en ese primer concurso la ley que prohíbe la tercerización, sino que además se indica que la Municipalidad “no ha comunicado a la Oficina de Control Institucional cuáles son las acciones preventivas y correctivas concretas que ha adoptado o que se piensa adoptar”.
Además de eso, se revela que el nuevo concurso público organizado por la Municipalidad de Lima no tuvo en cuenta la implementación de la norma que prohíbe la tercerización, pues este segundo proceso solicitaba el alquiler de vehículos de limpieza, además de 4 supervisores, 13 choferes y 13 operarios.
La Contraloría indicó que “la propia redacción de las actividades de los supervisores, choferes y operarios especializados “consignadas en los términos de referencia incluidos en las bases integradas”, ha determinado su inobservancia de la legislación de limpieza pública y laboral, teniendo que la respuesta brindada, es solo una recomendación de la “Oficina de Logística””.
Las recomendaciones del organismo de control indicaron, por segunda vez, lo mismo que se dijo en el documento anterior: que “se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso”.
A raíz de los problemas en la gestión de residuos, la Municipalidad de Comas, por indicación de su alcalde, Ulises Villegas, envió a siete volquetes de recolección de residuos sólidos para apoyar en las labores de limpieza del Cercado de Lima.
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