El Poder Judicial dictó este lunes cuatro años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) contra el congresista Luis Picón (Podemos Perú) por negociación incompatible, vinculado a un caso durante su gestión como presidente regional de Huánuco (2011-2014).
El juez Luis Pasquel, del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Huánuco, adelantó el fallo e impuso dicha medida ante la imputación de la Fiscalía, que lo acusó de favorecer a un consorcio en la licitación de una obra pública en 2014.
La lectura íntegra de la sentencia se programó para el viernes 14 de junio a las 6.00 p.m. El juicio, que data de 2012, llevó a que en octubre del año pasado se dictara una orden de captura en contra del legislador, quien fue detenido por agentes policiales en las inmediaciones del Palacio Legislativo sin ofrecer resistencia.
El Ministerio Público también solicitó cuatro años de inhabilitación, mientras que la Procuraduría Anticorrupción pidió el pago de una reparación civil de S/1′922.559,74 junto a seis coacusados. Además del parlamentario, están implicados José Pinto, exgerente de presupuesto regional; Rogelio Guzmán, Jaime Dimas, Gennadio Orihuela, Demetrio Vidal, exmiembros del Comité Especial de Selección, y César Cabrera, representante del Consorcio San Antonio.
A pesar de las acusaciones, Picón defendió su inocencia. “En este procedimiento de licitación, no intervine ni directa ni indirectamente, no participé en el expediente técnico, no participé en el otorgamiento de la buena pro y mucho menos suscribí el contrato de obra con la empresa ganadora de la buena pro”, dijo recientemente en una audiencia.
El legislador ingresó al Congreso como miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), pero fue expulsado en abril de 2022 por “posiciones políticas diferentes”, luego de votar en contra de la censura del exministro de Salud, Hernán Condori. En noviembre del 2023, ya había sido recibido una sentencia similar por favorecer a una compañía en la compra de 34 ambulancias durante su gestión en Huánuco.
Por ese caso, el Poder Judicial ordenó que el diputado y otros cuatro autores y cómplices paguen solidariamente una reparación civil de S/1 millón 154 mil. Además, dispuso que Picón cumpla reglas de conducta, como comparecer al juzgado cada 30 días para informar y justificar sus actividades, y no ausentarse de su lugar de residencia sin permiso del juez.
De acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el diputado coordinó con Biberto Castillo, uno de los asesores en las sombras del expresidente Pedro Castillo, para nombrar a Luis De la Cruz como vicepresidente del Consejo Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), lo cual se concretó mediante la resolución suprema.
En retribución, Picón votó en contra de la segunda moción de vacancia contra el exgobernante. El parlamentario también enfrenta una investigación por corrupción y lavado de activos provenientes del narcotráfico, según un informe de Ojo Público, que también revela que omitió acciones y propiedades en su hoja de vida.
El informe detalló que el legislador utilizó al Club Social Deportivo León de Huánuco, cuando fue presidente, para fines políticos. Por esto, recibió una condena de 11 meses de prisión suspendida y una reparación civil de 2.000 soles por omisión de actos funcionales. Además, Picón tiene actualmente 12 carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, según el mismo reportaje.
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