Caso Gabinete en la Sombra: PJ libera a Biberto Castillo, exasesor de Pedro Castillo en organización criminal

El investigado se encontraba cumpliendo prisión preventiva por un periodo de 30 meses por presuntos actos de corrupción, pero tras concederse la apelación, pasará a comparecencia restringida

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Luego de más de un año en prisión, el exasesor personal del expresidente Pedro Castillo, Biberto Castillo León, quien también fue incluido como investigado en el caso ‘Gabinete en la Sombra’ salió en libertad. El exfuncionario de Palacio de Gobierno se enfrentaba a una medida de prisión preventiva por 30 meses tras haber sido consignado como operador en el esquema criminal que presuntamente se le atribuye a Castillo Terrones durante su gobierno en el 2022; sin embargo, la medida ha sido revocada por una disposición del Poder Judicial.

La decisión provino de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que revocó la prisión preventiva de Biberto Castillo León, investigado por supuesta participación en organización criminal y tráfico de influencias. El fallo está contenido en la Resolución N.° 5 del expediente del caso, al que Infobae Perú tuvo acceso y que fue dictado el 3 de junio de 2024.

Como alternativa a la prisión preventiva, los jueces Salinas Siccha, Rodríguez Alarcón y Enríquez Sumerinde dispusieron que Castillo León se someta a la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país, ello como medidas cautelares para asegurar que se mantenga a derecho en lo que duran las investigaciones.

Biberto Castillo deberá pagar S/ 10.000 de caución

Biberto Castillo pasará de estar
Biberto Castillo pasará de estar en prisión preventiva a afrontar las investigaciones bajo la medida de comparecencia con restricciones. Infobae Perú.

Asimismo, junto a esta comparecencia con restricciones, también se ordenó a Castillo la obligación de informar mensualmente sobre sus actividades, asistir a todas las citaciones judiciales y fiscales, y no ausentarse de su localidad sin autorización previa. En ese mismo sentido, se fijó una caución económica de S/. 10,000.00, que deberá ser depositada en el Banco de la Nación en un plazo de ocho días tras la notificación de la resolución.

El colegiado consideró los argumentos de la defensa de Castillo León, como válidos. En ellos, se solicitaba la revisión de oficio de la prisión preventiva previamente declarada infundada. De acuerdo con el fallo, uno de los principales puntos para revocar la prisión preventiva fue la falta de diligencia fiscal durante los 17 meses de investigación. Este motivo fue resaltado desde un principio como clave en la decisión.

El proceso judicial contra Castillo León se inició el 25 de octubre de 2022, en donde se determinó un total de 30 meses de prisión preventiva basándose en sospechas fundadas de delitos contra el Estado. Tras diversas solicitudes de cese de esta medida, todas denegadas, los abogados de Castillo León sostuvieron que durante la investigación, el fiscal a cargo no llevó a cabo actos directamente relacionados con Castillo León. Esto fue avalado por el tribunal al señalar que la falta de diligencia podría haber fortalecido o desvirtuado las sospechas contra el acusado.

La injerencia de Biberto Castillo como operador en presunta organización criminal de Pedro Castillo

Somos Perú separó a Biberto
Somos Perú separó a Biberto Castillo.

Además, uno de los principales puntos para que se determine la prisión preventiva en su contra era la acreditación de un arraigo laboral. Por ello, y para contrarrestar la decisión inicial de prisión preventiva, los abogados de Castillo presentaron boletas de pago y contribuciones a AFP Profuturo y Essalud, que demostraron una actividad profesional continua como abogado. La sala estimó que estos arraigos disminuían significativamente el peligro de fuga, lo que justificaba el cambio en la medida coercitiva.

Como se sabe, la injerencia de Biberto Castillo en las investigaciones por el caso Gabinete en la sombre tienen relación con la emisión de contratos irregulares adjudicados durante su gestión en la Secretaría de Obras Públicas. Según las pesquisas de la Fiscalía, se habrían detectado sobreprecios y adjudicaciones directas sin el debido proceso licitatorio en varias obras de infraestructura. Entre los proyectos bajo escrutinio se encuentran la construcción de un hospital regional y la pavimentación de varias carreteras rurales.

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