Gobernador de Tumbes acumula 29 denuncias penales en menos de un año y medio de gestión

La administración de Segismundo Cruces Ordinola al frente del gobierno regional de Tumbes no pasa desapercibida. Con apenas año y medio en el cargo, su gestión ya acumula un total de 29 denuncias formuladas por el Consejo Regional. Estas acusaciones, que han generado revuelo en la opinión pública, cobran mayor relevancia tras las revelaciones del dominical Contracorriente.

El medio asegura que la gestión actual de la autoridad del norte del país dio inicio a tres obras de infraestructura en la región. Sin embargo, lo que más llamó la atención es el bajo porcentaje de ejecución del presupuesto asignado. En el año 2023, apenas se ejecutó menos del 18% de los más de 818 millones de soles destinados a obras públicas, según datos revelados.

Pero lo que más preocupa a la comunidad tumbesina es la posible malversación de fondos en una nueva denuncia que estaría por presentarse. Esta última involucra al consorcio “La Bocana”, donde se habrían desembolsado más de 37 millones de soles. Se seleccionó a la misma empresa ICSA Construcciones que previamente había dejado dos obras con deficiencias, según las investigaciones preliminares.

Diego Alemán, Presidente de la Comisión de Infraestructura del GORE Tumbes, señala que se habrían aprovechado de la Ley de Emergencia regional para adjudicar una obra que no correspondía. Además, afirma que se solicitó en dos ocasiones la presencia del gobernador para explicar el proceso de licitación, pero este nunca se presentó.

Ante estas acusaciones, el gobernador de Tumbes fue citado en dos ocasiones para responder por los casos encontrados en su departamento. Sin embargo, en ambas ocasiones, envió comunicaciones excusándose, alegando estar realizando gestiones en la ciudad de Lima.

Las acusaciones del Consejo Regional de Tumbes apuntan al presunto aprovechamiento del gobernador para direccionar obras a empresas que mantienen estrechos vínculos con la gestión. Romario Prescott, miembro del consejo regional, denuncia que las proporciones de las obras no cumplen con los estándares correspondientes y anuncia sanciones para los responsables.

Uno de los casos con más inversión es el de la carretera de emergencia de Rica Playa - La Bocana. En esta obra, no se encontró ningún supervisor para controlar y verificar el desarrollo de la misma. Además, se detectaron trabajadores laborando sin los implementos de protección necesarios.

Otro punto álgido es la calidad de los materiales utilizados en las obras. Un informe de la Contraloría revela que una obra de casi 6 millones de soles presentaba 17 deficiencias, siendo contratada nuevamente la misma empresa para una nueva obra. La falta de supervisión y control en la construcción del Hospital Saul Garrido Rosillo también generó inquietud entre la población.

Juan Castañeda Castillo, supervisor de esta última obra, fue señalado por no estar presente en el lugar y desconocer incluso el nombre de sus propios trabajadores. Sus respuestas evasivas y contradictorias alimentaron las sospechas sobre posibles irregularidades en la ejecución de este importante proyecto de infraestructura.

La compra de maquinaria pesada por un monto de más de 16 millones de soles tampoco estuvo exenta de controversia. Esta adquisición, que debería haber contribuido al avance de las obras, se ha convertido en otro dolor de cabeza para la gestión del Gobernador. La falta de mantenimiento y las fallas en su funcionamiento llevaron a dejarla prácticamente abandonada al aire libre. Al ser consultado sobre lo ocurrido, el gobernador optó por el silencio respecto a estas denuncias que ponen en entredicho su gestión al frente del gobierno regional de Tumbes.