La reforma del sistema de pensiones aprobada el miércoles generará un costo anual promedio de aproximadamente S/ 4,657.7 millones, según datos extraídos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Comisión de Economía del Congreso.
Este cambio en el sistema previsional representará un impacto fiscal del 2.7% del Producto Bruto Interno (PBI) solo en el primer año de su implementación. El costo promedio de S/ 4,657.7 millones anuales se proyecta para los primeros diez años de vigencia de la reforma.
El ministro de Economía, José Arista, reveló en abril que la reforma del sistema de pensiones en discusión en el Congreso de la República demandará recursos del Estado. Durante una conferencia en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, Arista afirmó que se debe evaluar las opciones de financiamiento del proyecto
Según explicó Arista, “nos parece interesante la reforma, va a tener algo de costo fiscal, hay que pulir esa parte, hay que ver cómo se financia.” Además, instó a continuar el trabajo coordinado con los equipos de trabajo para ajustar los pequeños detalles pendientes de la norma.
Juan José Marthans, director de Economía de PAD – Escuela de Dirección de Universidad de Piura, sugirió a Gestión que el Consejo Fiscal se pronuncie antes de la aprobación definitiva de la ley. Según Marthans, el estimado proporcionado por el MEF no goza de la misma confianza que antes, y sugirió que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) u otro organismo técnico regulador debería analizar el proyecto.
Jorge Guillén, profesor de finanzas de ESAN, alertó sobre la inviabilidad fiscal de la reforma, destacando que cualquier medida que impacte en más del 1% del PBI amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Guillén indicó que el mayor impacto provendrá de la pensión de consumo, con un costo de S/ 2,000 millones anuales, seguida por la pensión mínima y proporcional, con S/ 1,250 millones anuales.
El MEF calculó que el costo de la pensión mínima sería de S/ 7,134 millones anuales, un número que la Comisión de Economía calificó como “desproporcional”. La Comisión argumentó que el estimado asumía incorrectamente que todos los afiliados que retiraron sus fondos se beneficiarían de la pensión mínima.
Para recibir la pensión mínima, los beneficiarios deben acreditar unos 240 aportes al sistema previsional, accediendo así a una pensión mensual de S/ 600. Si el fondo acumulado no es suficiente, el Estado cubrirá la diferencia. Aquí radica uno de los puntos más controversiales entre el Congreso y el MEF: si limitar o no el acceso a la pensión mínima para quienes hayan retirado sus fondos previsionales. Aunque el MEF abogaba por esta restricción, el Parlamento decidió lo contrario, ejerciendo así más presión sobre el erario público.
Marthans consideró discriminatorio excluir de la pensión mínima a aquellos que retiraron sus fondos, y culpó a una parte del Congreso de amenazar la estabilidad fiscal. Guillén señaló que “la reforma solo beneficia a un público formal con cierto poder adquisitivo”, dejando fuera a sectores informales y de bajos ingresos, pese al considerable sacrificio fiscal.
Finalmente, aún quedan detalles por definir en la reforma, la cual requiere una segunda votación. El MEF estima que el costo de la reforma será de S/ 2,838 millones en 2025, equivalentes al 2.7% del PBI, aumentando a 3.4% en 2035 y a 6.5% en 2040. Esta tendencia ascendente sugiere un impacto fiscal creciente a largo plazo.
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