La minería ilegal ha provocado la devastación de 301 mil 755 hectáreas de bosque en Madre de Dios en los últimos veinte años, una superficie superior a la de Lima Metropolitana.
Así lo ha revelado un nuevo informe de El Comercio, detallando que el daño también es atribuido a otras actividades ilegales como la minería aurífera ilegal, la tala y los cultivos de coca.
Según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), la provincia de Tambopata es la más afectada, con 156 mil 850 hectáreas, seguida de Tahuamanu con 77 mil 704 hectáreas, y Manu con 67 mil 227. Asimismo, Inambari, Madre de Dios y Las Piedras son los distritos más perjudicados dentro de estas provincias.
En ese marco, el Perú se posiciona como el principal exportador de oro ilegal en Sudamérica, con más del 44% de participación en el mercado, superando a Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela en términos de exportación, según el estudio “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur” realizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Impacto económico es crítico
Por otro lado, el impacto económico también es crítico. Según MAAP, el daño socioambiental en Madre de Dios costó 593 millones 786.943 de dólares entre 2022 y agosto de 2023.
Este cálculo incluye afectaciones en las comunidades indígenas de San José de Karene, Puerto Luz y Barranco Chico, con cifras que varían entre 24 y 196 millones de dólares.
Bajo estos hallazgos, se precisa que, históricamente, la minería aurífera en Madre de Dios comenzó mucho antes del auge reciente, que se originó con la construcción de la Carretera Interoceánica entre 2007 y 2008. Además, la actividad se intensificó con el establecimiento del “corredor minero”, una extensión de 500 mil 000 hectáreas donde se permitió la minería informal.
De otro lado, La Pampa —la zona de minería ilegal más grande del departamento— ha crecido desde que se detectaron los primeros puntos de actividad en 2008.
Y, aproximadamente, el 35,4% de la población de Madre de Dios, es decir, alrededor de unas 50 mil 000 personas, estaría directamente involucrada en la minería aurífera informal o ilegal, lo que reflejaría una fuerte conexión entre la economía local y la actividad minera clandestina.
¿Qué opinan los especialistas?
De acuerdo a Martín Arana de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la región amazónica presenta una situación de “Lejano Oeste” donde la ley no impera, dejando el control en manos de grupos de crimen organizado.
“Hay un problema de superposición de derechos, de derechos ambientales y derechos mineros, que no son compatibles. Se ha generado un problema gordo que hasta ahora no ha sido resuelto y ha creado un conflicto”, indicó Arana a El Comercio.
Por su lado, Mariano Castro, vocero de la misma organización, sostiene que el futuro es incierto, enfatizando la necesidad de una política multisectorial con recursos y continuidad para enfrentar la minería ilegal, pues, sin medidas efectivas.
Además, ambos expertos recuerdan que esta explotación ilegal contribuye a la deforestación y contaminación de recursos naturales, lo que pone en riesgo la biodiversidad y la salud pública.
Por tal razón, indican, es importante que el Estado aborde los desafíos que enfrenta el país en la regulación y control del sector minero, más allá que con operativos de interdicción y políticas de formalización. Esto debido a que los resultados hasta ahora han sido limitados.
“Estamos frente al crimen organizado. Se trata de actividades con importante capital, equipamiento costoso y capital trasnacional. No es una actividad de minería artesanal de pequeño impacto”, declaró al mencionado diario.