El martes 28 de mayo, el Congreso de Colombia aprobó prohibir las corridas de toros a partir del 2028, decisión que fue celebrada por el presidente Gustavo Petro. “Por fin lograron que no sea un espectáculo la muerte”, expresó a través de un comunicado. El mandatario ahora debe firmar la nueva ley.
Esta actividad, que se originó en la península ibérica, todavía es legal en el Perú y en otros cinco países: Francia, Portugal, Ecuador, España y México. Sin embargo, movimientos ciudadanos vienen cuestionando este tipo de prácticas a partir de la expansión de enfoques animalistas en las políticas públicas.
“Esta prohibición es una gran victoria para las organizaciones que han trabajado para transformar la sociedad y rechazar la violencia en contra de animales”, dijo al Daily Mail Terry Hurtado, un activista por los derechos de los animales, exconcejal de Cali, y la persona que ha liderado las protestas en contra de las corridas desde 1990.
“Me siento aliviado de que los toros y caballos (que también participan en algunas corridas de toros) en Colombia ya no serán torturados, y que los niños ya no estarán expuestos a este espectáculo”, precisó.
El medio británico sostiene que 24 municipios todavía siguen llevando a cabo este tipo de eventos, aunque las corridas de toros anuales en la ciudad de Manizales todavía sigue atrayendo miles de espectadores.
Los aficionados afirman que esta medida adoptada por el poder legislativo de Colombia es un ataque a la libertad de minorías y que además representa un problema para las ciudades que reciben visitantes cada vez que se concreta estos eventos.
¿Cuál es la situación en Perú?
En Lima, el recinto que tradicionalmente alberga las corridas de toros es la plaza de Acho. En junio del 2023, este lugar fue adjudicado nuevamente para gestionar estas actividades por cinco años más. El Consorcio América Taurina (CAT), representada por Juan Antonio Roca Rey Allisson, fue la empresa ganadora.
El proceso se llevó a cabo a pesar de que en el 2020, el concejo metropolitano de la capital acordó tomar la posición de que la Municipalidad de Lima no debía arrendar sus bienes para espectáculos de tortura animal.
En diálogo con Infobae Perú, el exregidor de la ciudad, Carlo Ángeles, explicó que los representantes del municipio ante la Beneficencia habían interpretado que ellos no debían hacer al pronunciamiento debido a que ellos no estaban jerárquicamente dentro de la corporación municipal.
“La Beneficencia Pública de Lima es una entidad autónoma, y en eso coincidimos todos. Sin embargo, en su directorio el alcalde de Lima designa a la mayoría simple, además de su presidente. Cuando nosotros lanzamos este acuerdo de concejo, lo que preveíamos era que al ser ellos representantes de la municipalidad, deberían acogerse a esos lineamientos”, indicó.
En consecuencia, no se respetó la posición del concejo vertida en el acuerdo N.º 288, donde se declaraba de interés metropolitano lo siguiente:
“Los funcionarios de la Municipalidad de Lima, así como sus representantes ante directorios o cualquier estamento, que tengan como responsabilidad aprobar la suscripción de convenios y contratos que impliquen la disposición de bienes inmuebles, establezcan lineamientos que estén orientados a diversificar el uso de los mismos, garantizando que estos inmuebles no sean utilizados para espectáculos públicos donde se ejerza cualquier tipo de tortura contra los animales”, se lee en el documento.
Ángeles manifiesta que, inicialmente, el pronunciamiento se había hecho “lo más específico posible dentro del debate”, pero que se realizaron “muchas modificaciones”.
“Nuestra posición inicial era muchísimo más tajante, mencionando abiertamente a órganos específicos, a eventos específicos que no deberían realizarse, pero finalmente el debate lo orientó hacia esa redacción”, aseveró.
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