Represión policial deja varios heridos en las comunidades Huancuire y Pumamarca por conflicto de tierra y agua

En Huancuire, la tensión aumentó cuando el miércoles 29 de mayo, una comitiva de entre 50 y 80 personas, que incluía a miembros de la junta directiva de la comunidad y funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, ingresó al área del tajo Chalcobamba, en el departamento de Apurímac. Los comuneros denunciaron la escasez de agua y la desaparición de manantiales, atribuyéndolo a las operaciones mineras de Las Bambas, del grupo chino MMG Ltd.

La situación se agravó cuando, en la madrugada del 30 de mayo, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició un desalojo con bombas lacrimógenas, resultando en heridas a una mujer, según reportó el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Los hechos surgen en medio de un conflicto que involucra a seis comunidades, incluyendo a Pumamarca, las cuales realizaron una huelga en 2022 con Huancuire en protesta contra Las Bambas.

En concreto, las comunidades se muestran preocupadas debido a la afectación a la agricultura y la ganadería; sin embargo, pese a ello, informan que la mesa de diálogo que incluye al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a representantes de la empresa minera no ha logrado aportar soluciones efectivas a sus demandas.

En Pumamarca, la disputa se centra en la recuperación de tierras vendidas a la misma empresa en 2011, transacción que los comuneros consideran injusta, por transacciones de compraventa que aseguran son fraudulentas a un precio de 20 céntimos por metro cuadrado.

Siguiendo esa línea, también el 30 de mayo, habitantes de Pumamarca, que viven cerca del tajo Chalcobamba, fueron heridos durante enfrentamientos con la PNP. Al menos una persona fue detenida. Cientos de policías ingresaron a la zona de Sallawi de madrugada para desalojar a los comuneros.

Ante ello, los comuneros solicitan el cese de actos desmedidos por parte de los efectivos, alegando que la PNP está empleando gas lacrimógeno, en tanto, la situación permanece tensa.

Melchor Vargas, exdirigente comunal, relató al OCM, que fueron sorprendidos a las 4 de la mañana, lo que provocó un enfrentamiento en el que al menos ocho personas resultaron heridas. Vargas señaló que no recibieron ninguna notificación de orden de desalojo y solicitó diálogo para evitar más conflictos.

Bajo este contexto, en marzo, el Gobierno dio luz verde a la expansión de la mina de cobre con el depósito minero de Chalcobamba, que será explotado a tajo abierto de forma progresiva en los próximos meses.

De acuerdo a un comunicado de MMG Ltd, el proyecto permitirá un aumento en la producción anual de Las Bambas, posiciona al Perú como el segundo mayor productor global de este metal, se elevará de 380 mil a cerca de 400 mil toneladas de concentrado de cobre en el mediano plazo.

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas ha indicado que la primera fase de Chalcobamba estima una inversión de 130 millones de dólares.

Sin embargo, en el marco de esta noticia, las constantes protestas de las comunidades que residen a lo largo de los 400 kilómetros de la carretera utilizada por la empresa para transportar el concentrado de cobre, continúa siendo un problema recurrente. Pues, un grupo de estas alegan que la minera aún no mejora sus condiciones de vida y que el tráfico de camiones contamina sus cultivos.

De acuerdo a un informe de Ojo Público, publicado en abril de 2022, las comunidades de Fuerabamba, Chila y Choaquere han desconocido los acuerdos con la empresa minera MMG Las Bambas, alegando que esta no ha cumplido los compromisos asumidos hace más de 10 años.

Asimismo, los problemas se agravan por disputas sobre la titularidad de los terrenos y el presunto incumplimiento de compromisos por parte de MMG Las Bambas. No obstante, en contraste, esta asegura haber cumplido la mayoría de los acuerdos.

Para ese periodo, 2022, según MMG Las Bambas, de 171 compromisos, se han cumplido 101, y de 93 acuerdos adicionales, se han satisfecho 42. Dicho cumplimiento está documentado en registros públicos, aunque los convenios tienen una cláusula de confidencialidad que dificulta la verificación externa, según explicó el economista José De Echave Cáceres a Ojo Público.

Tras la represión policial denunciada por la comunidad de Pumamarca, en las inmediaciones del yacimiento Chalcobamba, que dejó varios heridos, MMG Las Bambas se ha pronunciado.

La empresa minera alegó que los enfrentamientos se desencadenaron tras una intervención policial contra la minería ilegal en el sector Sallawi. “(...) algunos miembros de la comunidad de Pumamarca han venido siendo azuzados por los mineros ilegales con la finalidad de tomar algunas acciones violentas en contra de activos de la empresa, así como de empresas contratistas locales”, expresaron.

Según la minera, el objetivo del operativo, era la interdicción contra la minería ilegal en terrenos concesionados a Las Bambas SA. Pues los mineros ilegales habrían tomado represalias y se dirigieron al yacimiento Chalcobamba. En su ataque, incendiaron equipos de empresas comunales que prestan servicios a la minera, y agredieron al personal de seguridad. Esto llevó a que efectivos policiales se desplazaran en apoyo de los afectados, resultando en enfrentamientos violentos.

“Lamentamos el daño físico sufrido por algunas personas y reiteramos nuestro tajante rechazo a la violencia y al desarrollo de actividades minerales ilegales”, señalaron en un comunicado oficial.