Congreso aprueba proyecto de ley que podría aumentar el costo de la televisión por cable

El pasado 16 de mayo, el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación un proyecto de ley que podría generar un aumento en el costo de la televisión por cable, advirtieron dos asociaciones con las que dialogó Infobae Perú.

La iniciativa fue presentada por el presidente del poder Legislativo, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso. Como coautores aparecen sus compañeros de bancada: Rosio Torres, Elva Julón, Cheryl Trigozo, Roberto Chiabra y Magaly Ruiz.

Según el documento, los canales de señal abierta, de una determinada localidad del país, podrán exigir ser incluidos en la parrilla de las compañías de cable, en el mismo número que se le otorgó en su autorización.

Para lograrlo, se espera incorporar los artículos 21-A y 21-B al Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Telecomunicaciones.

La propuesta señala que se necesita implementar una regulación de tipo ‘must carry’, así como sucede en otras naciones. Es decir, que se obligue a los operadores de televisión de pago a incorporar en sus parrillas los canales de televisión abierta.

En el caso de Chile, el ordenamiento jurídico establece que se deben incorporarse al menos cuatro señales de concesionarios de carácter regional, local o comunitario.

“Por las características geográficas que tenemos se repiten tantas autorizaciones en cada provincia. Allá lo que ha existido es que si no hay canal 7, la señal, que es de alcance nacional, la suben a la parrilla. Acá no, canal 7 ya está subido en las empresas principales de cable”, manifestó.

Adicionalmente, argumentó que los legisladores deben analizar el mercado, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos, el nivel de penetración de la televisión por cable “es altísimo”, mientras que en Perú aún es bajo.

Entre las dificultades técnicas que se presentan, y que podría volver inviable esta idea, se encuentra el hecho de que la transmisión debe mantener sus características tecnológicas.

El gerente general de Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin), Juan Pacheco, advirtió, en conversación con Infobae Perú, una de las consecuencias de implementar la norma sería la alteración del orden de los canales de televisión.

“Esta ley te obliga a colocarlos en la misma denominación y como eso depende de cada localidad, entonces al final toda la inversión de estos canales en posicionamiento, en marketing respecto a la gente, puede cambiar”, insistió.

El vocero añadió que el público también se verá afectado en cuanto a su experiencia, ya que hay números asignados, desde hace mucho tiempo, a los canales más conocidos.

“El principal afectado es el consumidor, porque al final todos estos elementos que distorsionan el mercado, y que se generan sobre regulación y barreras, al final terminan traduciéndose en el costo del servicio que asume el consumidor. Entonces no solamente se va a ver afectado porque de repente el servicio que ahora tiene acceso en el cable, cambia, porque cambia la programación, sino que de repente las tarifas podrían incrementar”, precisó.

“¿Están confundiendo naturaleza abierta gratuita con naturaleza cerrada pagada, entonces, ¿queremos obligar a la gente a que pague por ver televisión? Esa no es la idea de la televisión abierta”, agregó.

En el caso de las compañías, estas también podrían verse perjudicadas, teniendo en cuenta que, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) el número de suscriptores de TV de paga ha disminuido en un 20% respecto al año pasado por la competencia con los servicios de streaming, como Netflix, Disney+, Max, entre otros.

“Estamos matando un servicio que paga tributos, aportes por regulación, que casi realiza un conjunto de aporte de 2% de sus ingresos, aparte de los impuestos comunes al Estado”, alertó Pacheco.

Como consecuencia, los usuarios no tendrían acceso a todo lo que quisieran contratar ni las empresas a ofrecer lo que sus clientes les gustaría consumir.

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT), a través de un comunicado, aseveró que esta propuesta “vulnera los principios básicos de nuestra Constitución, ya que impide que los agentes privados puedan organizar sus iniciativas empresariales en plena libertad, sin intervención del Estado”.

“La SNRT cree firmemente en el respeto de los derechos constitucionales para el desarrollo de los servicios de radiodifusión comercial, y la producción televisiva y radial en el Perú, e impulsa espacios de diálogo que coadyuven en la mejora de la calidad de los medios de comunicación”, se lee en el texto

En esa misma línea, el entrevistado de Afin mencionó que la ley sería inconstitucional “porque viola la libertad de empresa y la facultad de consumidor para elegir qué cosa quiere ver”.

“Esto implica intervenir en el negocio de una compañía privada y en el contenido que esa empresa de cable te va a dar. Eso no existe en el Perú ni siquiera en la televisión abierta. Eso está muy mal”, sentenció. En ese sentido, Jaime Dupuy estableció que se trataría de una “especie de control de contenidos”.

“Estamos en contra de cualquier tipo de actitud autoritaria por parte del Estado de asumir paternalistamente qué tipo de contenido debiera ver la población”, dijo el representante de Comex.

Infobae Perú intentó conseguir la versión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero no obtuvo ninguna respuesta hasta el cierre de la nota.

Tanto Los voceros de Comex y Afin coincidieron en hacer un llamado a los congresistas a que reflexionen de cara a la segunda votación que necesita la ley para ser aprobada definitivamente.

“(Creo que) muchos congresistas no han sabido bien la magnitud de lo que han aprobado y después de lo que han visto en los medios, porque se ha masificado la alerta sobre este tema, puedan generarse una mayor preocupación al respecto”, expresó Dupuy.

Recordó, además, que este tipo de ideas no son nuevas, ya que anteriormente se han presentado proyectos similares.

“En todas las ocasiones, el proyecto de ley ha sido desaprobado y archivado en la Comisión, entonces en este caso no debiera pasar algo distinto. Si regresa a comisión, que ahí se analice, se desapruebe, se archive y no vuelva a subir al pleno”, manifestó.

Juan Pacheco puntualizó que, de lo contrario, se ocasionaría un perjuicio a las “cableras más chiquitas, de provincia”. “Lo que están haciendo es invertir en fibra óptica para transmitir Internet. Si tú les pones esta obligación, los sacas del mercado”, indicó.

Para que la norma no sea debatida en el pleno, un legislador tendría que pedir una cuestión previa en la siguiente sesión. De esta manera, el proyecto de ley regresará a la comisión donde se propuso originalmente.