El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, ha solicitado al Poder Judicial la revocación de la comparecencia con restricciones y la imposición de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, al acusarla de incumplir reglas de conducta, como la prohibición de ausentarse de la ciudad de su domicilio sin previa autorización por escrito del juzgado.
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal ha convocado una audiencia para el 12 de junio. En esta sesión se evaluarán los fundamentos presentados por el Ministerio Público y la defensa de Fujimori para determinar la procedencia de la solicitud, según un auto de citación hecho público el jueves. Este proceso se enmarca en el caso “Cócteles”, donde Fujimori está imputada por presunto lavado de activos y recepción de aportes ilícitos en sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La abogada de la política, Giuliana Loza, consideró que Domingo Pérez ha actuado de manera desesperada. “Después de que el juez aclaró ayer que Keiko Fujimori no tiene impedimento de salida al exterior, ahora pretende, por quinta vez, que vaya a prisión preventiva. Keiko puede movilizarse dentro y fuera del país sin pedir autorización. Así se lo precisaron ayer”, aseguró en un pronunciamiento en X, antes Twitter.
Posteriormente, en entrevista con Canal N, la letrada afirmó que la decisión del fiscal desconoce las reglas de conducta impuestas a Fujimori y señaló que el Poder Judicial emitió el 29 de mayo precisiones sobre lo permitido a la excandidata presidencial.
“Me llama poderosamente la atención porque conlleva de por sí no solamente el desconocimiento actual del proceso y cuáles son las reglas de conducta que se le han impuesto a Keiko, sino que por demás todo pareciera apuntar a que hay un foco de atención y querer a como de lugar que Keiko sea privada de su libertad”, agregó.
Luego, recordó que en abril de 2020, su clienta salió en libertad porque una resolución judicial concluyó que le cambiaron la prisión preliminar por comparecencia con restricciones. Por esto, la hija del exdictador Alberto Fujimori pedía permiso al magistrado para viajar con el objetivo de hacer campaña presidencial.
“Sin embargo, y es lo que no quiere entender el señor fiscal, parece que no quiere revisar el expediente, en mayo del año pasado, ante un pedido de él, que pretendía que se le apliquen otras reglas de conducta adicionales a la señora Fujimori, el jurado rechazó este pedido y estableció para Keiko y para otros procesados nuevas reglas de conducta. (...) La única prohibición que tiene Keiko es de no variar su domicilio (...)”, indicó.
El último martes, la lideresa de Fuerza Popular informó que había salido del país al aceptar la invitación a un evento académico en la Dominican University of California que se extiende hasta esta semana. “(Le) agradezco de manera muy especial (...) por invitarme a dirigir algunas palabras y dialogar con la comunidad que asistió a este evento. Seguiremos con nuestras actividades”, señaló en sus plataformas sociales.
La excandidata presidencial estuvo en prisión entre 2018 y 2019 y por cuatro meses en 2020. A pesar de estos antecedentes, realizó una campaña presidencial contra Pedro Castillo (2021-2022), quien la venció en la segunda vuelta. El próximo julio comenzará el juicio oral contra Fujimori y otros 45 imputados por lavado de activos, en el cual Pérez solicita 30 años y 10 meses de prisión para ella y la disolución de su partido.
El caso implica la citación de 1,031 testigos, incluidos exdirectivos de Odebrecht, quienes afirman haber aportado fondos a sus campañas de 2011 y 2016. Fujimori niega todas las acusaciones. Fuerza Popular, uno de los bloques más numerosos en el Congreso, respalda al Gobierno de Dina Boluarte, quien sucedió a Castillo.
Precisamente, en el Legislativo, el pedido de prisión preventiva ha generado diversas reacciones. Arturo Alegría, congresista de la tienda naranja, calificó al fiscal anticorrupción de “pelele” y lo acusó de buscar notoriedad “valiéndose de la presidenta de un partido político”.
Posiciones
Por su parte, el secretario general del partido, Luis Galarreta, opinó que el Ministerio Público debería enfocarse en otros casos de delitos graves y consideró que hay una persecución política contra Fujimori.
“La Fiscalía debe tomar asunto, esto deja pésimo a la Fiscalía. Pedir la prisión cuando hace unos días, en mayo, le dice el juez ya hay una resolución donde el impedimento ha sido revocado”, agregó.
Desde otra tienda política, el parlamentario Héctor Valer (Somos Perú) que Domingo Pérez toma el caso como una cuestión personal y que el Fiscal de la Nación debería removerlo.
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