Defensores ambientales de ocho regiones se movilizaron contra Conga y Tía María en Puno

Este jueves, la ciudad de Puno fue lugar de una manifestación organizada por comités y asociaciones de vigilancia y monitoreo ambiental de ocho regiones del país para rechazar y hacer visibles sus demandas en torno a las consecuencias de lo que han denominado ‘paquetazo antiambiental’, promovido por el Gobierno.

Las protestas surgen como respuesta a las medidas que, según los manifestantes, desmantelan los procesos de evaluación ambiental en el país. Además, de manera específica, rechazan la reciente imposición de los proyectos mineros Tía María y Conga, que históricamente han generado conflictos sociales y ambientales.

Como parte de sus reclamos, los defensores ambientales sostienen que la reducción de plazos para la evaluación de estos proyectos facilita su aprobación sin una adecuada participación ciudadana ni consulta a los pueblos originarios, violando así sus derechos y poniendo en riesgo sus territorios.

También, argumentan que la concesión de dichos proyectos ponen en peligro los recursos hídricos esenciales para las comunidades.

Durante la protesta, llevaba a cabo en la Plaza de Armas de Puno, los manifestantes resaltaron la urgencia de la vigilancia ambiental comunitaria para identificar y denunciar la contaminación y otros impactos negativos derivados de las actividades extractivas.

Asimismo, el rechazo al “paquetazo antiambiental” fue otro de los puntos más fuertes en la movilización. Los protestantes recalaron que las normativas promovidas recientemente por el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República facilitan los trámites para las inversiones del sector privado.

Pues, consideran que estas medidas debilitan el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental y fomentan una transición energética basada en la extracción de recursos naturales, impactando negativamente en la salud y los territorios de las comunidades.

En primer lugar, señala el Decreto Supremo Nº 013-2023-MINAM, que, aseguran, afecta al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), puesto que establece la creación de comisiones que, en vez de actuar en entidades con opinión vinculante como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) o la Autoridad Nacional del Agua (ANA), buscan simplificar y acelerar la aprobación de proyectos de inversión extractiva.

Adicionalmente, la modificación del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante el Decreto Supremo N° 004-2024-MINAM, que dispone un plazo reducido para la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), estableciendo un plazo máximo de 5 días, y permite a los titulares de proyectos obtener copias de observaciones emitidas por entidades retrasadas en sus opiniones.

De acuerdo a los defensores ambientales, estas nuevas disposiciones limitan la participación ciudadana y el derecho a la consulta previa, sin reconocer los derechos de los pueblos indígenas de la costa, sierra y selva del país.

De acuerdo al medio de comunicación Red Muqui, cientos de vigilantes y monitores ambientales participaron en esta movilización, que contó con la participación de representantes de las regiones de Cusco, Apurímac, Cajamarca, La Libertad, Ayacucho, Lima, entre otras.