El pleno del Congreso aprobó este jueves, en primera votación, el proyecto de ley que modifica la normativa contra el crimen organizado. La iniciativa, que recibió 43 votos a favor, deberá ser sometida a una segunda votación en los próximos siete días calendario.
El proyecto es de autoría de Waldemar Cerrón, hermano del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Durante el debate, los legisladores Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y Héctor Valer (Somos Perú) se mostraron en contra de la propuesta, al argumentar que las modificaciones podrían perjudicar las investigaciones en curso y beneficiar a redes criminales vinculadas a la tala ilegal y la trata de personas.
La bancada de Luque, de hecho, emitió un pronunciamiento para denunciar que el dictamen “debilita la lucha contra el crimen organizado” y “beneficia a organizaciones como el Tren de Aragua”, ya que limita las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial para perseguir estas mafias. La propuesta fue sometida nuevamente a votación después de que en la última sesión no alcanzara los votos necesarios debido a un alto número de abstenciones que superaron los votos a favor y en contra.
El dictamen aprobado establece, en rigor, que las organizaciones criminales deben ser sancionadas con penas privativas de libertad mayores a seis años. Además, permite al fiscal solicitar al juez el bloqueo e inmovilización de cuentas, excepto ingresos vinculados a la subsistencia del investigado, como pensiones por jubilación e ingresos laborales acreditados.
Esta última medida, según el texto, no puede durar más de 15 días, aunque puede prorrogarse por otros quince mediante requerimiento del fiscal provincial y resolución motivada del juez penal. El allanamiento de inmuebles o lugares cerrados, fuera de casos de flagrante delito o peligro inminente, procederá solo si existen motivos razonables y suficientes pruebas.
El registro se realizará con la presencia del interesado y su abogado. Si el interesado no cuenta con abogado, se le proporcionará uno de oficio o se coordinará con el Colegio de Abogados local. Excepcionalmente, la diligencia podrá hacerse en presencia de un familiar mayor de edad o, en su defecto, de dos vecinos del predio como testigos.
Estos últimos puntos, recalcó Luque, podrían ser utilizados para boicotear allanamientos, como el reciente de la Fiscalía en el domicilio de la presidenta Dina Boluarte y el Palacio de Gobierno por una investigación de corrupción. Imágenes difundidas en varios medios mostraron imágenes de agentes que rompían la cerradura de la residencia en Surquillo tras no recibir respuesta.
Previo al la aprobación, el legislador Américo Gonza (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presentó el nuevo texto sustitutorio, consensuado con diversas bancadas. El debate fue dirigido por el primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría.
El Congreso enfrenta una desaprobación del 91%, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) difundida por La República. Estos dígitos han mostrado poca variación en el tiempo.
El estudio también revela que el gobierno de Dina Boluarte cuenta con solo un 5% de respaldo. El Parlamento ha rechazado las siete solicitudes de vacancia presidencial presentadas en menos de dos años. Fuerza Popular fue la única bancada que votó unánimemente en contra de las mociones de destitución. Otros partidos, como Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú, también se opusieron mayoritariamente a las solicitudes.
En contraste, formaciones como Acción Popular, Podemos Perú, Perú Bicentenario y Bloque Magisterial mostraron votos divididos, lo que en última instancia favoreció la continuidad de Boluarte en el cargo.
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