La fiebre por el oro ha provocado que avance la destrucción de la Amazonía, alcanzando niveles de deforestación que superan las 43 mil hectáreas y contaminando las fuentes de agua a tal punto de crear lagunas tóxicas.
El Embajador del Reino Unido en Perú, Gavin Cook, expresó el reciente 29 de mayo su preocupación por la destrucción que la minería ilegal está causando en la Amazonía peruana. Acompañado por socios de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), la Fuerza Aérea del Perú (FAP), y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, el funcionario sobrevoló la zona de La Pampa, en Madre de Dios, terreno tomado por los mineros ilegales sobre gran parte de la Reserva Nacional de Tambopata.
Según indicó el embajador, la actividad ilícita es observable desde el espacio y tiene un impacto ambiental significativo, el cual amenaza a las comunidades locales.
La minería ilegal no es pequeña. Puedes ver la cicatriz desde el espacio. “La Pampa” es famosa por las razones equivocadas. Impulsa la delincuencia, daña la economía, y perjudica la gobernabilidad. Refleja el crecimiento del crimen organizado en 32 distritos amazónicos, resaltó Cook.
El embajador resaltó la necesidad de una colaboración multisectoral para enfrentar este problema. “El crimen organizado, la corrupción y la pobreza son una mezcla tóxica” manifestó. Entre las alternativas propuestas está el aprovechamiento de la riqueza de los boques a través de los bionegocios, las cadenas de valor sostenibles y el acceso a finanzas verdes.
La minería ilegal tiene consecuencias graves para el medio ambiente, indicó el embajador. “Destruye los bosques, contamina los ríos, mata la biodiversidad, provoca inundaciones, genera gases de efecto invernadero y amenaza a las comunidades indígenas,” señaló. Este panorama desolador exige múltiples enfoques para mitigar sus efectos y proteger el patrimonio natural y cultural del país.
También necesitamos leyes apropiadas, fiscalización, lucha contra corrupcion, más operaciones por la policía y fuerzas armadas, y apoyo para las comunidades indígenas. Defendiendo los defensores ambientales. Así como la debería ser la Reserva Nacional Tambopata, agregó el embajador.
El aumento de infraestructuras de minería ilegal en la Amazonía peruana ha alcanzado un 400% en 2023, comparado con 2021, según informó Conservación Amazónica. De acuerdo con esta organización, las operaciones ilegales contaban con 592 dragas en 2023, frente a las 148 de 2021, lo que sugiere el retorno de casi 2.400 mineros a zonas que habían sido recuperadas en 2019 por el Estado mediante la megaoperación Mercurio.
Minería ilegal amenaza la Reserva Natural Tambopata
La Reserva Natural Tambopata, en Perú, administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), enfrenta una nueva amenaza debido a la expansión de la minería ilegal. Según una alerta del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) publicada el 28 de septiembre de 2023, se han hallado infraestructuras mineras cercanas a esta reserva natural, separada únicamente por el río Malinowski.
Entre 2017 y 2020, la actividad ilícita alcanzó su pico, según difundió el medio Convoca.pe, causando la deforestación de aproximadamente 700 hectáreas y la entrada de alrededor de 2.500 mineros a la reserva. Esta información fue proporcionada por Sidney Novoa, biólogo experto en la región. “La minería ilegal está ubicada en La Pampa y en algunas comunidades indígenas”, agrega Novoa.
En 2015, la minería ilegal ya había ingresado en la reserva a través de La Pampa, causando una deforestación exacta de 759 hectáreas. Ante esta situación, en 2019 se desplegó la operación Mercurio con el objetivo de combatir estas actividades ilegales. Sin embargo, las recientes alertas sugieren que el problema podría estar resurgiendo en la región.
Convoca confirmó que las asignaciones presupuestales del Ministerio del Interior para combatir la minería ilegal también han disminuido significativamente. En 2019, se destinaron 77 millones de soles para enfrentar esta amenaza, mientras que en 2023 la cifra se redujo a 60 millones, representando una disminución del 28%.
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