El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría, en primera votación, el proyecto de reforma del sistema de pensiones, con 56 votos a favor, 47 en contra y 10 abstenciones. Sin embargo, está pendiente que la ley aprobada se someta a una segunda votación, programada para la siguiente sesión plenaria.
El cambio más importante que se aprobó fue la pensión por consumo. La mayoría de legisladores aceptó que tanto los afiliados como los no afiliados a las AFP y ONP podrán destinar un 1% de sus consumos, acreditados con comprobantes de pago, hasta un máximo de S/ 41,200 al año (ocho UIT).
Es decir, trabajadores formales, desempleados o amas de casa pueden hacer compras en mercados, supermercados, viajes, hoteles y otros establecimientos, y recibir un monto destinado a su pensión. El comprobante de pago que se considerará para la pensión por consumo puede tener un valor máximo de hasta S/ 700.
La norma aprobada también establece que los trabajadores bajo el régimen de la Ley 20530, que hayan cumplido con los requisitos para obtener su pensión, mantendrán sus derechos intactos.
“Se encarga a la Oficina de Normalización Previsional a llevar un registro del personal en actividad sus aportes y pensionistas de todas las Entidades del Sector Público que se encuentren sujetos al régimen del Decreto Ley N° 20530, para ello se autoriza a la Oficina de Normalización Previsional a que pueda requerir la documentación necesaria a las Entidades, el registro debe contener a todos los pensionistas independientemente de la fuente de financiamiento con la que pagan las pensiones”, se lee en el documento.
En cuanto a la responsabilidad del pago de aportes al sistema, se indica que para la recuperación de los aportes adeudados al sistema de pensiones, la Sunat aplicará los procedimientos tributarios establecidos, tanto de manera voluntaria como coactiva, conforme lo dispone el Código Tributario.
Si el agente de retención no cumple con su obligación de retener los aportes, se aplicará lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 18 del Código Tributario. Se añade que, en el caso del sistema privado de pensiones, se seguirán las normas específicas establecidas para dicho sistema.
“Sin perjuicio de lo anterior, el responsable de realizar la retención de los aportes que no realice el depósito efectivo de estos en la cuenta del afiliado incurrirá en la responsabilidad penal que corresponda”, se añade en la norma aprobada.
Como se sabe, el pasado 15 de mayo, con 14 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que propone una nueva ley para el Sistema de Pensiones en Perú.
En esa ocasión, la iniciativa buscaba aumentar la competencia entre las AFP para administrar los fondos de los afiliados, establecer una pensión mínima, implementar comisiones basadas en resultados, introducir una pensión por consumo como mecanismo de aporte complementario, y hacer obligatorio el aporte de los trabajadores independientes, entre otros cambios. La propuesta se fundamenta en tres pilares: no contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario.
Debate de la norma
El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, César Revilla Villanueva (FP), explicó la propuesta indicando que tiene como objetivo aumentar la competencia entre los gestores de pensiones, garantizar una pensión mínima, implementar comisiones basadas en resultados y utilizar la pensión por consumo como un mecanismo de aporte complementario.
El congresista Pasión Dávila Atanacio, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, defendió la propuesta del grupo de trabajo, destacando su estructura multipilar y su administración tanto pública como privada.
Por otro lado, Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, afirmó que el dictamen beneficiará a millones de personas dentro de los sistemas de pensiones, dinamizará la economía y hará más sostenible el financiamiento de las pensiones futuras.
Durante el debate, la congresista Susel Paredes Piqué (CD-JP) propuso que el dictamen fuera devuelto a la Comisión de Economía para un análisis más detallado, pero su moción fue rechazada por 56 votos.