En la fase final. Este último miércoles 29 de mayo se dio a conocer que el Caso Manta, proceso de un gran valor histórico y judicial en el Perú, en el que 9 mujeres de Huancavelica denunciaron a 13 militares por delitos de violencia sexual, ya tiene fecha de lectura de sentencia.
De acuerdo a lo reportado por Demus, organización que acompaña la defensa legal de tres de las sobrevivientes, el próximo miércoles 19 de junio se llevará a cabo este procedimiento. Además, se reveló que se realizará en una audiencia pública y a puertas abiertas.
Programación de la audiencia final
La audiencia se llevará a cabo en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), ubicada en Prolongación Tacna N.° 734, en Cercado de Lima, a partir de las 3.00 p.m.
“Luego de cinco años de un segundo juicio oral, tenemos fecha de lectura de sentencia para el Caso Manta, histórico por abordar la violencia sexual durante el conflicto armado interno. ¡Será audiencia pública!”, indicó la publicación de Demus.
Pedidos de audiencias públicas
A pesar de las reiteradas solicitudes de las víctimas, quienes desde el inicio manifestaron su deseo de que las audiencias sean públicas, las autoridades no respondieron favorablemente a sus pedidos.
Las sobrevivientes enfrentan grandes dificultades para trasladarse hasta Lima, lo que agrava su situación. Según Cynthia Silva, abogada y directora de Demus que acompaña la defensa legal, en conversación previa con Infobae Perú, fueron las nueve mujeres mantinas quienes, de forma presencial, solicitaron a los jueces que las audiencias se programen más frecuentemente y con carácter público.
“Como ellas están lejos, quisieran poder visualizar las audiencias, pero —por otro lado— quieren que las personas que estén interesadas en seguir los pomenores del juicio puedan hacerlo para que vigilen la regularidad, la corrección, de un caso tan relevante como este y para que, por supuesto, las puedan sostener y acompañar”, expresó.
La abogada subrayó que estas mujeres han insistido desde el comienzo en la necesidad de que las sesiones judiciales sean más accesibles y visibles para el público. En repetidas ocasiones, las afectadas han manifestado que audiencias públicas pueden contribuir a una mayor rendición de cuentas y justicia en sus casos.
Irregularidades a lo largo del juicio
La abogada Silva ha expresado su preocupación por la actuación de la Fiscalía de la Nación en el proceso legal en curso. Según su testimonio, el fiscal Luis Javier Ramírez Cancho sustituyó al fiscal Pedro Orihuela sin una razón aparente, a pesar de que este último había estado a cargo del caso durante tres años.
Ramírez Cancho tiene antecedentes de haber vinculado al Fredepa con actividades terroristas, acusaciones que incluyen la consideración de la organización como una “fachada del nuevo Sendero Rojo” y que sus dirigentes habrían cometido actos de terrorismo por pedir la instalación de una asamblea constituyente, según informaciones difundidas.
“Se había pedido desde la parte civil —nosotras— que las audiencias sean presenciales porque, precisamente, este es un caso tan denso y tan difícil que es mucho mejor que el colegiado pueda presenciar el sustento, o sea, que pueda conectar mejor con el relato. Bueno, la Fiscalía no acudió y el director de debate tampoco, entonces solamente estuvo presente —físicamente en la sala— la parte civil y dos de los tres magistrados. Y él sustentó vía Google Meet en una absolutamente deficiente presentación de un caso que es tan importante y tan complejo. Evidenciando que no está para nada preparado y esto puede perjudicar incluso el caso porque de él depende —de él y de nadie más— el sustento”, reveló.
Además, la abogada denunció que el tribunal permitió dilaciones en el proceso, como la programación de audiencias en el máximo tiempo permitido y argumentaciones vagas que han frustrado citaciones anteriores. Finalmente, afirmó que estas acciones no solo retrasan el procedimiento, sino que afectan la justicia misma.
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