ATU y PNP envían al depósito a más de 750 unidades que circulaban en rutas de corredores en lo que va del año

En una operación conjunta, el personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) enviaron a diversos depósitos a 758 unidades que operaban de manera informal en las rutas de los corredores complementarios en lo que va del año.

De estos vehículos, 114 no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 90 eran conducidos por personas sin licencia y 57 no tenían el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV). Las multas impuestas a estas móviles por prestar servicio sin autorización ascienden a más de S/13.1 millones.

En las rutas del corredor Rojo, se internaron 228 unidades informales que recorren los distritos de La Molina, San Borja, Lince, Surco y San Miguel. Las multas acumuladas para estas unidades suman S/3.9 millones. En este vía, se detectaron a 25 choferes sin permiso de manejo, 21 carros sin SOAT y 17 sin CITV vigente.

De la misma forma, en el trayecto del Morado, que pasa por San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Jesús María y Magdalena, se llevaron al depósito a 256 vehículos que suman en total castigos económicos de S/ 4.6 millones . De estas, 66 no tenían seguro de accidente, 14 no contaban con CITV y 35 conductores no poseían licencia.

Por su parte, en las rutas del corredor Azul mandaron a 274 carros al depósitos. De estos, 30 eran manejados por conductores sin licencia, 27 carecían de SOAT y otros 26 no contaban con certificado de inspección vigente. Las multas para estas unidades alcanzan casi S/4.6 millones.

En lo que va del 2024, la ATU mencionó que llevó a cabo más de 50 mil acciones de fiscalización en todo Lima y Callao, lo que permitió identificar a más de 18 mil vehículos informales que operaban sin la autorización requerida para brindar el servicio.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es una entidad pública creada para reformar y mejorar el sistema de transporte en esta área metropolitana. Su objetivo es ofrecer a los ciudadanos opciones de movilidad más eficientes, seguras y sostenibles, abordando integralmente los problemas de tránsito.

Sus principales funciones incluyen la planificación, regulación, gestión y fiscalización de los servicios, que abarcan buses, el metro de Lima, taxis, entre otros. Asimismo, se encarga de ordenar el tránsito vehicular y peatonal, promoviendo prácticas que reduzcan la congestión y contaminación.

La ATU también desarrolla políticas y regulaciones para garantizar la calidad y competencia en los servicios de transporte. Esto abarca desde la regulación de tarifas hasta el establecimiento de estándares de accesibilidad, frecuencia y seguridad.

La sanción de infracciones de tránsito es otra de sus funciones clave, que implican la supervisión constante del transporte público y medidas correctivas para los vehículos que no cumplan con la normativa.

Además, la ATU promueve la modernización de la infraestructura de movilidad mediante tecnologías avanzadas para mejorar la gestión del tráfico y la experiencia de los usuarios.

Entre las medidas de la entidad, también implementó el sistema de fiscalización eelctrónica y resaltó que esta modalidad no solo permite una supervisión más eficaz del cumplimiento de las normativas de transporte, sino que también protege a sus fiscalizadores de enfrentamientos físicos con los infractores, quienes en ocasiones optan por la violencia.