Petroperú sufre nueva degradación crediticia de ‘B+’ a ‘B’: S&P colocó a la petrolera en “vigilancia crediticia negativa”

La reputación crediticia de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. (Petroperú) no mejora y ahora acaba de recibir la degradación en su calificación de ‘B+’ a ‘B’como emisor de deuda a largo plazo, por parte de Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) que se suma al grupo de calificadoras de riesgo que han dado puntuaciones negativas a la empresa estatal peruana.

S&P también recalificó el perfil de crédito independiente (SACP, por sus siglas en inglés) de ‘CCC+’ a ‘CCC’ y colocó a la petrolera en “vigilancia crediticia negativa por mayores vulnerabilidades” financieras, así como a la incertidumbre sobre su capacidad para superar los desafíos actuales, por lo que, en los próximos meses, no se descarta una nueva degradación.

Esta última rebaja se alinea con las acciones de otras agencias como Fitch Ratings y Apoyo & Asociados (A&A), que en los últimos días también decidieron disminuir las valoraciones de Petroperú. La situación financiera de la empresa estatal se ha deteriorado debido a varios problemas no previstos citados por S&P, entre ellos la paralización de la unidad de flexicoking de la Refinería de Talara.

En su informe, la calificadora añade que el rendimiento EBITDA y el flujo de caja proyectado para 2024 ya se encuentran debilitados, lo que pospone la recuperación esperada para 2025. “Creemos que el SACP ‘CCC’ refleja mejor nuestra visión de la solvencia de la empresa de forma independiente”, señaló S&P, destacando que ahora Petroperú depende aún más de apoyo gubernamental para evitar un impago en los próximos 12 meses.

S&P también expresó dudas sobre la capacidad del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía para rescatar a Petroperú. A pesar de que el Estado peruano ha mostrado un historial consistente de apoyo a la petrolera desde 2022, ninguna inyección financiera ha logrado resultados alentadores hasta la fecha.

La agencia de calificación menciona también que “las medidas no han abordado la estructura de capital insostenible de la empresa”, ni han solucionado las deficiencias operativas o la escasa liquidez, además de no reinstaurar la confianza del mercado. A más de dos años desde el inicio de la crisis, S&P afirma que hay “muy poca visibilidad sobre cómo Petroperú abordará la crisis y en la eficacia de la gestión al hacerlo”.

S&P advierte que podría volver a revisar a la baja la calificación de Petroperú en los próximos tres meses. Esto, debido a que la petrolera no ha presentado aún sus resultados financieros auditados de 2023, aumentando el riesgo de mayores incumplimientos financieros. Además, la “colocación en CreditWatch también refleja la posibilidad de una parada más prolongada en Talara hasta bien entrada la segunda mitad de 2024″, lo que podría empeorar la crisis de liquidez de la empresa.

Petroperú viene acumulando una deuda de 8.532 millones de dólares mientras su patrimonio total asciende a solo 1.645 millones de dólares. Según difundió el medio Panorama, esta situación plantea un riesgo elevado de impago para Petroperú, afectando su capacidad de captar financiamiento adicional. El economista Hans Rothgiesser mencionó que “es probable que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda”, lo que complica aún más sus operaciones.

En respuesta a esta problemática, el gobierno ha manifestado su preocupación. La presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía, José Arista, han subrayado la gravedad de los problemas financieros. De acuerdo con la información del referido programa periodístico, Arista envió una carta a Fitch Ratings reiterando que el gobierno continuará apoyando económicamente a la empresa, a través de posibles contribuciones de capital, extensiones de crédito y garantías.

El directorio de Petroperú señaló que se requiere una inyección de 2.200 millones de dólares para la adquisición de combustible premium y mantener sus operaciones. Sin embargo, reconocieron que depender constantemente del financiamiento del Estado sin un plan a largo plazo es insostenible.

Según los reportes de varios medios, en lo que va del año, el gobierno ha aportado 1.300 millones de dólares a la petrolera estatal, cifra similar a la inversión para la primera etapa del megapuerto de Chancay. A pesar de este respaldo, los expertos consideran que la situación de la empresa sigue siendo crítica y las medidas adoptadas hasta ahora no garantizan su sostenibilidad.