La Junta Nacional de Justicia (JNJ) hizo pública este martes la resolución que oficializa la destitución de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y de su hermana, la jueza Enma Benavides, ambas sancionadas por faltas graves.
El fallo, fechado el último jueves, implica que ambas serán inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), un inventario detallado y actualizado de las medidas disciplinarias aplicadas a los servidores públicos, como destituciones y suspensiones, el cual es administrado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
El máximo órgano de la judicatura también ordenó la cancelación de los títulos otorgados y dispuso la inscripción de la medida de destitución en sus registros personales. Adicionalmente, estableció enviar el oficio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Arévalo, y al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
La semana pasada, la JNJ decidió cesar a Patricia Benavides, quien ya estaba suspendida temporalmente, por interferir en una investigación contra su hermana al destituir a la fiscal que lideraba esa pesquisa, Bersabeth Revilla, y utilizar un informe de baja productividad como justificación.
La decisión fue tomada después de escuchar la ponencia de la miembro titular, María Zavala, sobre el procedimiento disciplinario ordinario seguido contra la magistrada, en el que quedó demostrado que cometió cuatro faltas muy graves cuando representaba a la institución en su conjunto.
Zavala indicó que Revilla tenía reportes de productividad del 90%, lo que mostraba incongruencias con el informe que fue elaborado por la fiscal suprema Azucena Solari, también destituida por no actuar con independencia y cometer faltas graves según la ley de carrera del Ministerio Público.
La JNJ concluyó que la remoción de Revilla tuvo como objetivo lograr el sobreseimiento de la investigación contra Enma Benavides, acusada de recibir sobornos a cambio de liberar a imputados por narcotráfico y cesada por interferir gravemente en las funciones de la Fiscalía y por mentir sobre sus antecedentes y sanciones.
La resolución que oficializa sus salidas lleva las firmas de Antonio De La Haza, Imelda Tumialán, María Zavala, Marco Falconí y Guillermo Thornberry. Precisamente, los dos últimos integrantes del organismo discreparon sobre la sanción contra Enma Benavides y opinaron que se le debía imponer una de menor rango a cargo de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
Las funcionarias destituidas pueden solicitar un recurso de reconsideración, pero esto no suspende la sanción. De hecho, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, confirmó a Canal N que presentarán una revisión ante la JNJ y un recurso ante el PJ, aunque no esperan una resolución rápida.
La magistrada también es investigada actualmente por liderar una presunta organización criminal de tráfico de influencias en el Ministerio Público, por la que tenía en curso una segunda solicitud de suspensión en el cargo por 36 meses.
En la víspera, la Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra, además de cuatro jueces —incluida su hermana—, por presunto cohecho. La indagación, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, trata un presunto favorecimiento a Benavides en un proceso de amparo para suspender investigaciones disciplinarias de la JNJ.
Además, la magistrada cesada enfrenta otra investigación por tráfico de influencias agravado y patrocinio ilegal, vinculada a su obtención de una plaza como fiscal suprema en mayo de 2022.
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