Ministro del Interior sobre proceso contra Harvey Colchado: “Cualquier oficial de la PNP puede ejercer su defensa”

Ante las críticas al proceso administrativo sancionador abierto contra el exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, el ministro del Interior respondió a quienes consideran que esto se trataría de una supuesta ‘venganza’ por parte de la presidenta Dina Boluarte.

Durante el desarrollo del operativo ‘Amanecer seguro’, el ministro Juan José Santiváñez indicó que el procedimiento seguido contra Colchado está regulado por el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Según el miembro del gabinete, “un efectivo puede estar sujeto a un procedimiento disciplinario iniciado por Inspectoría”.

De este modo, el ministro también indicó que, si se toma en cuenta la teoría de la ‘venganza’, todos los procesos disciplinarios podrían ser considerados como consecuencia de algún tipo de venganza. “Considero que cualquier efectivo policial tiene todas las garantías para hacer valer su defensa”.

Además de la situación de Harvey Colchado, el ministro Santiváñez fue consultado sobre los avances relacionados con la búsqueda del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que se encuentra en la clandestinidad hace más de 200 días y hasta el momento no ha sido capturado por la Policía Nacional.

Ante la pregunta, Santiváñez indicó que “yo pido que se califiquen los 13 días que llevamos en la gestión, que vean cómo salimos a las calles (...) los avances, por una cuestión estratégica, no los puedo decir. Esperamos en el menor tiempo posible la captura del señor Cerrón. Esa es una meta que se ha puesto esta gestión. Va a ser capturado”.

Un informe publicado por la Contraloría General de la República indica que el Ministerio del Interior no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030.

Según el documento, la institución encabezada por el ministro Juan José Santiváñez no ha realizado estudios sobre manifestaciones de inseguridad, violencia y delincuencia, ni ha sistematizado buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana.

La Contraloría detectó carencia en la evaluación de los avances en temas críticos como la violencia física y psicológica contra adolescentes de 12 a 17 años, la deserción escolar, el consumo de drogas en escolares, el trabajo infantil, las víctimas de delitos informáticos en poblaciones urbanas mayores de 15 años y la tasa de homicidios.

La falta de datos actualizados impide al Ministerio comprender el progreso de la política nacional en seguridad ciudadana, lo cual podría poner en riesgo la prevención, el acceso a servicios de seguridad, la reducción de la victimización y la disminución de los delitos.

Según el informe, también existen deficiencias en la gestión de información relacionada con seguridad ciudadana, destacándose la ausencia de estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, violencia y delitos.