Más de la mitad de congresistas son investigados por la Fiscalía de la Nación

Una de las funciones de los congresistas es fiscalizar el trabajo de la administración del gobierno, pero ahora son ellos que se encuentran bajo escrutinio debido a las investigaciones en su contra. Más de la mitad de los parlamentarios en el país presentan carpetas fiscales abiertas por diversos delitos, según reveló el diario La República.

Diversos casos se han conocido públicamente, uno de ellos es el de Freddy Díaz, quien fue inhabilitado por 10 años del sector ante una denuncia por presunta violación sexual. Sin embargo, no es el único que se encuentra en la lista de los legisladores con otros casos, de los cuales nueve ya tienen sentencia.

Un total de 50 funcionarios están siendo investigados por presuntos delitos contra la administración pública, la fe pública y contra el patrimonio. A su vez, otros 17 casos están vinculados con lavado de activos, delitos contenciosos administrativos y delitos contra la tranquilidad pública, entre otros.

El citado medio reveló que el congresista de Podemos Perú, Luis Picón Quedo, es el que cuenta con más investigaciones. Son 136 presuntos delitos que habría cometido, los cuales se encuentran en diligencias en 78 carpetas por casos de corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad, entre otros.

Cabe precisar que el Poder Judicial lo condenó a cuatro años de prisión suspendida por el delito contra la administración pública. Esto referente al caso de beneficiar a una empresa con la compra de 34 ambulancias cuando era el presidente regional de Huánuco. Asimismo, la sentencia alcanzó a los funcionarios.

Con 36 investigaciones, el parlamentario de Fuerza Popular, Raúl Huamán, continúa como segundo lugar. En el 2002 se le abrió una investigación por corrupción, luego de 19 años se le inició un proceso por “marcaje”.

Por su parte, el legislador José Pazo enfrenta múltiples acusaciones legales que abarcan diversos delitos. Estos señalamientos se incrementaron significativamente durante su cargo como alcalde de Sechura, en la región de Piura.

Al congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, se le abrió investigación durante su gestión como gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios. Es así como tiene siete carpetas en la Fiscalía por más de 10 delitos.

Dentro de la Fiscalía de la Nación también se evidencia el nombre del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien enfrenta cinco carpetas fiscales que lo involucran en diez delitos. Uno de los casos más conocidos es por la adquisición del terreno por parte de Waynapicchu cuando Soto era asesor legal.

La empresa se percató de una presunta estafa al encontrar irregularidades en la sobrevaloración del precio del terreno y la falsificación de su área total. No obstante, el titular respondió, a través de su asesor, que no cuenta con investigación en Cusco.

Además de estas imputaciones, Soto está siendo investigado por su posible implicación en el caso presuntas negociaciones con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Fue el testimonio de Jaime Villanueva quien hace mención de un presunto pedido de archivamiento.

Edwin Martínez Talavera, congresista no agrupado, enfrenta 10 carpetas fiscales y 21 acusaciones de delitos, en su mayoría por corrupción. Por su parte, Martínez aseveró que no fue condenado, solo recibió “advertencia” y “multa” en el caso de abuso de autoridad y el otro por manejar en aparente estado de ebriedad.

Durante este periodo también se les abrió investigación a diversos congresistas por el caso de recorte de sueldo, donde más de diez estarían involucrados.