“Pagas o mueres”: escolares, profesores y padres viven un infierno en el norte del Perú por extorsiones

En lo que va del 2024, la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, se convirtió en el epicentro de violentas y letales extorsiones a centros educativos. La delincuencia organizada no solo coloca explosivos en las puertas o frontis de los locales, sino que, de manera temeraria, los detona, sin importales si dentro hay alumnos estudiando..

Los padres de familia viven en vilo de que cualquier momento uno de estos atentados extorsivos se conviertan en una verdadera tragedia. La situación ya escaló a tal punto que las autoridades educativas de esta región piensen en dejar las clases presenciales por las virtuales, ante el temor que le suceda algo malo a los estudiantes y profesores.

Según el general PNP José Zavala, director de la III Macro Región Policial, en Trujillo se identificó que 62 instituciones educativas han sido víctimas de extorsión, bajo diferentes modalidades. Estas incluyen la detonación de explosivos, el envío de cartas amenazantes, mensajes de muerte a través de WhatsApp y llamadas telefónicas.

De ese total de colegios afectados, 36 sufrieron atentados con artefactos explosivos y, en algunos casos, han sido dejados sin detonar, con el objetivo de intimidar a los encargados de las instituciones para que paguen los montos exigidos por los delincuentes.

De acuerdo al gremio del sector educativo privado, la cifra de colegios extorsionados sería mayor, pues la PNP solo basa su estadística en las denuncias que le llegan en sus diferentes dependencias policiales. Aseguran que serían más de 150 las instituciones amenazadas por el crimen organizado. “Pagas o mueres” es la frase amenazante que se repite entre las víctimas.

En tanto, ante esta situación, la Policía Nacional viene evaluando distintas alternativas para mejorar la seguridad en los centros educativos. Zavala sugirió “la instalación de cámaras de videovigilancia en los colegios, lo cual permitiría monitorear y detectar actividades sospechosas a tiempo”.

Además, el titular de la Macro Región Policial propuso la contratación de seguridad privada para colegios privados y la posible contratación de policías en sus días de franco para fortalecer la seguridad en las instituciones estatales.

Uno de los colegios privados más recientes en sufrir extorsión es el Brüning, de propiedad del congresista Héctor Acuña. Este centro educativo ha recibido mensajes extorsivos y se demuestra que a los delincuentes no les interesa si es una institución pública o privada.

En las últimas horas, se informó que un colegio en Villa Progreso, en el sector de Víctor Raúl, en el distrito de Huanchaco, sufrió el robo de pertenencias y objetos de valor. Trascendió que los delincuentes sería un grupo de extorsionadores que decidió irrumpir en el establecimiento, al ver que las autoridades de la institución no pagaban la extorsión.

Otro aspecto preocupante es el involucramiento de adolescentes en estos actos delictivos. El jefe policial de La Libertad expresó su inquietud, respecto al alto número de adolescentes que semanalmente son intervenidos por dejar o detonar artefactos explosivos, enviar cartas extorsivas o mensajes amenazantes a las víctimas.

En los últimos dos meses, aproximadamente 30 adolescentes fueron detenidos en relación con estos actos delictivos. Zavala insistió en la necesidad de una intervención educativa para abordar este problema. Señaló que estos adolescentes deberían estar enfocados en sus estudios y no involucrados en actividades criminales.

Para enfrentar este problema, Zavala enfatizó la importancia de identificar y abordar la deserción escolar. Es fundamental conocer cuántos alumnos no están asistiendo a clases y quiénes son, para que las autoridades competentes puedan tomar medidas específicas y dirigidas, afirmó.

La situación en Trujillo refleja la creciente amenaza que los grupos criminales representan para la educación y la seguridad de las instituciones educativas. Las medidas propuestas, como la instalación de videovigilancia y la contratación de seguridad privada, buscan mitigar estos riesgos y garantizar un entorno seguro para estudiantes y educadores.

La intervención del sector educativo en conjunto con las fuerzas policiales será crucial para frenar la ola de extorsiones y reducir la participación de adolescentes en actividades delictivas, promoviendo así un ambiente escolar seguro y propicio para el aprendizaje.