El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó públicamente un regalo que el alcalde de Pasco, Julio Rupay, intentó entregarle durante un evento organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco.
La ceremonia, destinada a honrar a las autoridades judiciales por su labor, también contó con la presencia del fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, según un reporte difundido este martes por Panamericana TV.
Durante el evento, el burgomaestre envió un obsequio al magistrado, quien semanas atrás había ordenado el arresto del hermano de la presidenta Dina Boluarte por un caso de tráfico de influencias. Sin embargo, Carhuancho detuvo su iniciativa.
“Señor alcalde, agradezco los saludos de parte de la facultad [...] y los acepto, pero de la autoridad política, esa no la acepto. Se la devuelvo para que la reciba de vuelta, discúlpeme”, dijo mientras los concurrentes asentían. Según el Código de Ética de la Función Pública y la Ley de la Carrera Judicial, está prohibido que los magistrados reciban regalos, favores o beneficios que puedan influir en sus decisiones o que puedan percibirse como un intento de hacerlo.
El último 10 de mayo, el magistrado dictó la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de mandataria, y su abogado Mateo Castañeda, acusados de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias en la designación de prefectos y subprefectos en entidades estatales.
Concepción Carhuancho también autorizó el allanamiento de 26 inmuebles en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín como parte del operativo Valkiria-Jericó, llevado a cabo por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
En octubre de 2018, también ordenó la detención de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, bajo la acusación de presunto lavado de activos relacionado con los aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña presidencial. Posteriormente, extendió su prisión preventiva a 36 meses al alegar riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.
En rigor, Fujimori pasó más de un año en prisión hasta diciembre de 2019, cuando fue liberada tras una apelación. Sin embargo, en 2020, fue nuevamente encarcelada por otros cinco meses, pero retomó su libertad debido a la pandemia de Covid-19 y al pago de una fianza de aproximadamente 20,500 dólares.
Patricia Benavides y Javier Arévalo
La negativa de Concepción Carhuancho contrasta con la iniciativa de la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien el año pasado recibió la condecoración de la Medalla de Lima del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra Benavides al alegar que la condecoración “estaría prohibida por la normativa disciplinaria de los fiscales”, ya que el burgomaestre se encuentra bajo investigación fiscal por presunto lavado de activos.
A inicios de mayo, el juez supremo Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial, aceptó la Orden del Trabajo entregada por la jefa de Estado. Si bien Arévalo no actúa como juez en las causas que involucran a Boluarte, es titular de la instancia suprema que sí aborda estos casos.
Además, su asesor principal es Pedro Angulo, el ex primer ministro investigado por las muertes en las protestas antigubernamentales ocurridas tras la caída del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).