La presidenta Dina Boluarte, quien lleva sobre sí un total de cuatro investigaciones, ahora enfrenta su segunda denuncia constitucional; esta vez por el caso Rolex, también conocido como el “Rolexgate”, en el que le señala como autora de la comisión del delito de cohecho pasivo impropio, conocido comúnmente como soborno.
La denuncia fue presentada el último lunes 27 de mayo por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, quien ha separado cada una de las investigaciones que también se ciernen en contra del Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a fin de que cada caso siga la vía correspondiente.
Infobae Perú tuvo acceso al documento presentado por el Fiscal de la Nación ante el Congreso; en el que Villanueva detalla a cabalidad no solo cada uno de los objetos adquiridos por Oscorima directamente o por sus allegados a fin de darlos “en calidad de préstamo” a la presidenta Dina Boluarte; y en la misma medida, cada uno de los Decretos Supremos o las disposiciones del Ejecutivo que, según la tesis de la Fiscalía, serían la respuesta a las dádivas de Oscorima de parte de la jefa de Estado.
Los montos en favor del Gobierno Regional de Ayacucho
Según lo detallado por el informe presentado por el fiscal Villena Campana, existen una serie de normas que acreditan la designación de presupuesto al Gobierno Regional de Ayacucho durante las fechas en las que Wilfredo Oscorima, la autoridad de dicha región, le entregaba las suntuosas joyas a la mandataria. Si bien estas normas por sí solas no son “objeto de prueba”, llevan a trazar un camino de designación presupuestal sobre el que el Ministerio Público deberá realizar las pesquisas. Ello, en caso de que el Congreso de la República determine retirarle el antejuicio a Dina Boluarte.
El primero de estos decretos es el promulgado el 8 de marzo bajo el N° 033-2023-EF; en el que se destinó un monto inicial de S/ 45′760.086 soles en favor del Gobierno Regional de Ayacucho. Posteriormente, el 1 de abril del 2023, con el Decreto Supremo N° 053-2023-EF; el Ejecutivo dispuso la transferencia de S/12′006.288 millones de soles, como parte del presupuesto público.
El 22 de abril, con la Ley N°31728, el Gobierno de Dina Boluarte destinó, además, un crédito suplementario para distintas regiones, entre ellas, Ayacucho; al que le correspondió la transferencia de S/14′410.306 adicionales que debían ser destinados a proyectos de inversión pública. Adicionalmente, se detalla el Decreto de Urgencia N° 020-2023, publicado el 23 de junio de 2023, en el que se transfirió una partida presupuestal S/ 66′640.252 en favor del GORE Ayacucho.
Apenas unos días después, el 27 de junio de ese mismo año, el Decreto Supremo N° 161-2023-EF otorgó en favor de Ayacucho una partida presupuestal adicional de S/15′786.157 millones. Seguido de este, el 25 de julio se dispuso un decreto de urgencia en el que se autorizaba a los Gobiernos Regionales a que se ejecuten inversiones relacionadas con servicios de Educación. Con ese decreto, los S/ 66 millones otorgados en junio del 2023 estarían destinados para un comedor estudiantil en la universidad San Cristóbal de Huamanga, cuya construcción estaba a cargo de una empresa relacionada a Oscorima.
En octubre del año pasado, el Ejecutivo dispuso, antes de que termine el año, un último presupuesto a favor de Ayacucho por medio de la Ley N° 31912, en la que se otorgó S/ 6′872.579. La lista de montos en favor del Gobierno Regional de Wilfredo Oscorima termina por sellarse el 23 de marzo de este año, por medio del Decreto de Urgencia N° 06-2024; con el que se dispone la entrega de S/100 millones para la región con el objetivo de la ejecución y construcción de proyectos con motivo de los juegos bolivarianos.
La Fiscalía de la Nación logró identificar 144 solicitudes provenientes del Gobierno Regional de Ayacucho, que está a cargo de Wilfredo Oscorima, hacia el Ejecutivo, representado por Dina Boluarte. De este total, “45 de ellas habrían sido atendidas favorablemente”; señala el informe de Villena Campana.
Las joyas “prestadas” a cambio del presupuesto para el GORE Ayacucho
De acuerdo al informe, entre cada una de las fechas de la promulgación de los decretos supremos y normativas del Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte recibió un total de cinco artículos de alto valor. Entre ellas, tres relojes Rolex, un par de aretes de argollas de oro amarillo con brillantes, y una pulsera Bangle con 94 brillantes.
Por el primer Rolex, el de oro rosa, Oscorima pagó un total de US$ 18.250; mientras que en caso del segundo, conocido por ser el de oro blanco, el funcionario pagó un total de US$ 26.215. En cambio, para el Rolex que es conocido por contar con la correa de cuero, el gobernador pagó un total de US$ 20.217. Respecto a los aretes de oro amarillo con brillantes, el Gobernador de Ayacucho pagó US$ 5.512; y en el caso de la Pulsera Bangle con brillantes, el gobernador un total de 9.900 dólares.
¿Por qué es importante que la denuncia constitucional sea aprobada en el Congreso?
Todos estos hechos deberán ser revisados por el Congreso de la República para decidir respecto a si corresponde o no que se retire la inmunidad presidencial a la presidencia, a fin de que el Ministerio Público pueda indagar más respecto a los pormenores de la disposición de presupuesto de las arcas del estado a cambio de la recepción de joyas.
De aprobarse esta denuncia constitucional, la siguiente etapa a la que entraría el caso es la de investigación preparatoria, en la que la Fiscalía puede solicitar más pedidos ante el Poder Judicial a fin de dar con la verdad respecto a las acusaciones de sobornos. Entre los procesos que pueden ser de utilidad en este caso, podría plantearse el levantamiento del secreto bancario de ambos, o de las comunicaciones de la mandataria, a fin de seguir con las pesquisas.