La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte ha incluido pruebas y evidencias concretas que sustentan la acusación de cohecho pasivo impropio (soborno) a raíz del llamado ‘Rolexgate’.
Los elementos de convicción acreditan que, al menos en una oportunidad, la mandataria recibió al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en su despacho personal, donde él le entregó uno de los relojes Rolex, según el documento presentado ante el Congreso y hecho público este lunes.
En una declaración testimonial ante el Ministerio Público, Carmen Giordano, amiga íntima de Boluarte y asesora del Gabinete Técnico del Despacho Presidencial, confirmó que fue testigo de la entrega de un artículo de lujo. “Pude presenciar una vez como que le iba a entregar [un reloj], pero no sé si se lo llegó a entregar”, dijo.
Al ser consultada sobre la fecha y hora del evento, la funcionaria no pudo dar una respuesta concreta. “La fecha no la recuerdo, puede ser hace casi un año, no recuerdo la fecha exacta; la hora en la tarde puede haber sido”, señaló. A continuación, describió las circunstancias del encuentro en el despacho presidencial.
“Yo no estaba en la reunión, ingreso a despacho y ahí es que veo que estaba entregándole un reloj en la mano; ingreso por la puerta, y cuando ingreso veo que él tenía el reloj en la mano, que terminaba de quitárselo. Yo estaba esperando la venia de la presidenta, siguen conversando, pero no llegué a ver que efectivamente se lo hubiera entregado, solo que él hacía el ademán de entregárselo”, anotó.
Giordano precisó que esa fue la única vez que vio al gobernador en la oficina de la mandataria. “Solo lo vi esa vez, usualmente no ingreso a despacho, pero la presidenta tiene las puertas abiertas, por lo que es posible que otras autoridades hayan ingresado a su despacho personal”, siguió.
El secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez, ratificó ante la Fiscalía que es poco usual que la jefa de Estado reciba a autoridades regionales en ese espacio privado. También explicó que, “dependiendo del tipo de reunión”, estas pueden realizarse en distintos ambientes: “Si son reuniones de trabajo, hay diferentes salas en Palacio de Gobierno; si son actividades oficiales, las reuniones pueden realizarse en salas de Palacio de Gobierno o en espacios fuera de Palacio, incluso en otra región”.
Finalmente indicó que Boluarte no suele utilizar su despacho privado para actividades con gobernadores, ya que “hay salas donde recibe a las autoridades, dependiendo si son encuentros laborales o eventos oficiales”.
De hecho, el actual ministro de Educación y ex jefe de gabinete de asesores técnicos, Morgan Quero, dijo a la Fiscalía que se trata de “un área restringida” y que “hay que pasar varios filtros para ingresar a dicho lugar”. Explicó que “en algunos casos puede recibir a algunos ministros de Estado”, aunque sobre los gobernadores no supo precisar: “Es raro que los reciba en ese despacho, porque no es un espacio de trabajo como tal”, enfatizó.
El Ministerio Público también ha acreditado el testimonio de la exdirectora general de la Dirección de Presupuesto Público, Jessica Camacho, para exponer la intervención de Boluarte en temas presupuestarios y de hacienda pública. Camacho aseguró, por ejemplo, que su dimisión tuvo motivaciones políticas.
“El entonces ministro de Economía, el señor [Alex] Contreras, me llamó a principios de año a su oficina para solicitarme la renuncia al cargo, debido a varias razones. Entre ellas, destacó que era muy sólida y fuerte en el tema técnico, pero no estaba alineada a su gestión y tenía que convencerme la mayoría de las veces de algunas políticas. Principalmente, me solicitaba la renuncia por motivos políticos porque el equipo de la presidenta de la República no estaba contento con mi trabajo”, dijo.
Según la pesquisa, los artículos de lujo entregados por Oscorima a la presidenta —incluido tres relojes Rolex y una pulsera Bangle con 94 brillantes— fueron una contraprestación para que ella emitiera decretos que beneficiaran a esa región con aumentos presupuestarios. Las joyas, valoradas en aproximadamente US$ 32,000, constituyen “el cuerpo del delito” y su aceptación es considerada un “modus operandi” de abuso de función pública.
Entre 2022 y 2024, Ayacucho presentó 144 solicitudes de presupuesto adicional, de las cuales 45 fueron aprobadas. Bajo la gestión de Boluarte, ocho fueron autorizadas mediante seis Decretos Supremos y dos Decretos de Urgencia. La Fiscalía ve esto como “evidencia del ejercicio de poder” en favor de esa región. Después del destape, la gobernante devolvió los artículos de lujo y se enfrascó en silencio mediático.