El Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD, a través de su fundador Gino Román, presentó una denuncia penal contra la ministra Hania Pérez de Cuéllar y otros directivos a fin de que la Fiscalía de la Nación la investigue por delitos como organización criminal, negociación incompatible, patrocinio ilegal y colusión.
La demanda a la que accedió Infobae Perú también alcanza a Elizabeth Rosa, apoderada de Veolia Servicios del Perú; Cristian Mancilla y Alberto Navarro, apoderados del consorcio WAS Lima; Jorge Gómez, presidente del directorio de Sedapal; Juan Carlos Chipoco, gerente de Logística de Sedapal; Jorge Rochabrunt, asesor de la ministra, Jessica Pereyra, candidato al Congreso por Acción Popular, Alfredo Natividad, exasesor de la bancada de Fuerza Popular y Francisco Gavidia, candidato al Congreso por Alianza para el Progreso.
El documento menciona que, previo a ser nombrada como titular del Ministerio de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar se unió y presidió la Cámara de Comercio Industrial Peruano Francesa (CCIPF) para el periodo 2022-2024, la cual agrupa distintas empresas relacionadas con el sector.
Aunque asumió la cartera el pasado 10 de diciembre del 2022, no fue hasta el 21 de agosto del 2023 que presentó su renuncia, según documento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Es decir, nueve meses después de ser nombrada.
“Es decir, la ministra renunció a su cargo en un gremio de empresas francesas, pasados varios meses de ser ministra y luego de gestionar reuniones con sus socios, dado que su periodo como presidenta del Gremio de empresas francesas es del 24 de agosto del 2022 al 23 de agosto del 2024″, menciona el documento.
De acuerdo a la demanda, los delitos y conflictos de intereses se habrían dado mientras Hania Pérez de Cuéllar era ministra. “Los hechos consumados más llamativos son los contratos de concesión de operaciones y cobranza de SEDAPAL, licitación pública convocada mediante UNOPS que dio como ganadores de las cuatro licitaciones internacionales al CONSORCIO WAS integrada por subsidiarias de SUEZ y la empresa VEOLIA sancionada por OSCE por presentar documentación inexacta”.
“Ambas transnacionales son miembros del gremio de empresas francesas que presidió la actual integrante del gabinete de Gustavo Adrianzén”, agrega.
Otro de los hechos expuestos por Equidad es que el pasado 29 de febrero del 2024, la ministra acudió a un desayuno organizado por sus exsocios de la Cámara de Comercio Industrial Pesquero. “En dicho evento, según las notas de prensa, estuvieron presentes los representantes de SUEZ y VEOLIA, las cuales se hicieron de contratos por S/.780 Millones, ganando (a través de consorcios y subsidiarias) la buena pro de los ítems 1,2, 3 y 4 del Servicio de Actividades Comerciales y Operativas de SEDAPAL por 5 años”, destacan.
El documento precisa que, después del desayuno, el 15 de abril del 2024 se consolidó el contrato entre el Gerente de Logística de SEDAPAL y los representantes de CONSORCIO WAS LIMA. Asimismo que, ante los cuestionamientos, “la organización criminal pasó por un periodo de recomposición y fueron retirados el Director del Programa Nacional de Saneamiento Urbano: Jonatán Ríos Morales, y la Directora del Programa Nacional de Saneamiento Rural: Blanca Aurora Arce Barboza, quien fue nombrada recién el 1 de abril del 2024 y renunció el 23 de abril del 2024″.
La denuncia alcanza a personas vinculadas a distintos partidos políticos y relaciona el respaldo ante la presunta evidencia y su negativa a asistir a la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso para responder. “Aunando a la evidente compra de votos mediante órdenes de servicio a militantes de partidos que respaldan la gestión de Hania Pérez de Cuellar, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se presentó ante la Mesa Directiva del Congreso y solicitó ante la Junta de portavoces que exoneren de dictamen de la Comisión de Vivienda y Construcción al Proyecto de Ley 5636-2023-PE, el cual también beneficiaría a las transnacionales Veolia y Suez”, sentencian.
Asesor habría iniciado campaña de desprestigio
El documento también expone una aparente campaña de desprestigio elaborada por el asesor de Hania Pérez de Cuéllar, Jorge Rochabrunt, en contra de Gino Román y otros opositores que evidenciaron los hechos denunciados.
Para ello se habría utilizado seis cuentas de la red social X (antes Twitter). “Los usuarios no solo atacan a los opositores de la ministra, sino que también son las mismas cuentas que dan like y republican las publicaciones del MVCS (@viviendaperu), del perfil personal de la Ministra (HPerezDeCuellar) y del perfil en X del Programa Agua Segura para Lima y Callao (@PASLCvivienda)”, detallaron en la demanda.
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