La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue denunciada constitucionalmente por cohecho pasivo impropio por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la tarde de este lunes 27 de mayo. La acusación será evaluada por la Comisión Permanente del Congreso. Si es aceptada, una Subcomisión investigará y emitirá un informe. De esta manera, el pleno del Parlamento podría decidir su suspensión, destitución y juicio político.
“De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución […], así como en el artículo 450 del Código Procesal Penal, […] interpongo denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra […] como presunta autora del delito contra la administración pública […] en la modalidad de cohecho pasivo impropio”, se lee en el documento enviado por Villena al presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministro, Gustavo Adrianzén, mencionó en una entrevista para Canal N que la mandataria, pese a mostrar disponibilidad para colaborar con la justicia, se encuentra en medio de una “persecución sistemática en materia fiscal”, lo que socaba sus funciones constitucionales.
“Cuanto se te agotan los argumentos, tienes que poner a recrear tu imaginación para buscar delitos donde no existen. Insisto en lo que vengo diciendo semanas atrás, esta no es más que una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le viene haciendo a la señora presidenta de manera indebida, inconstitucional e ilegal”, comentó el primer ministro.
“Se inició un procedimiento en su contra por el plazo de 60 días, terminó ese plazo y no han sido capaces de demostrar ni una de las acusaciones que se le presentó en su contra. ¿Y qué hicieron? Ampliar indebida e inconstitucionalmente por 80 días más esta investigación. Nosotros nos sentimos ofendidos y afectados porque toda esta maraña de acusaciones fiscales no hace sino menoscabar las funciones constitucionales de la presidenta”, continuó para el mencionado medio.
De mismo modo, sostuvo que desde la Presidencia del Consejo de Ministros han solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie de manera definitiva para que determine cuáles son las únicas causales por las que se puede investigar a la mandataria. En se sentido, el premier indicó que todavía no ha sido presentada la demanda competencial ante el TC.
En otro momento de la entrevista, Adrianzén señaló que las investigaciones que atraviesa Boluarte Zegarra son orquestadas por fuerzas golpista que buscan desestabilizar el país y desconocer la gobernalidad bajo la táctica de lograr una vacancia presidencial.
“Como no te puedo acusar, llevo la investigación hasta el borde de pretender hacer creer que eres culpable y, a partir de ese momento, invito al Congreso a que utilice la vieja fórmula de utilizar la incapacidad moral permanente para que se produzca la vacancia”, alegó.
Reacciones en el Gabinete Adrianzén
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, manifestó encontrarse sorprendido por la actitud adoptada por el fiscal de la Nación tras presentar la denuncia constitucional contra la presidenta por el ‘Caso Rolex’.
“La investidura de la presidencia rodea no solamente la etapa de investigación, sino también la acusación misma. Eso porque obedece a un contenido histórico que proviene de la Constitución. (…) Es evidente que esta denuncia debe ser declarada improcedente. No se le puede acusar ni investigar”, declaró para Tv Perú.
En tanto, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, comentó en el Congreso de la República que esta medida “debería desestimarse”.
“Estimo que cuando el Congreso pueda revisar advertirá si es que estamos frente a un tema fundamentado, que yo, particularmente, creo que debería desestimarse, pero finalmente quienes tendrán que determinarlo son los congresistas al momento de revisar el contenido”, expresó el integrante del Gabinete Ministerial en el Parlamento.
“La presentación de una denuncia constitucional no necesariamente implica que en un juzgamiento se pueda encontrar una responsabilidad. Quien decide la culpabilidad no es el fiscal, es el juez”, continuó.
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