Gobierno de Dina Boluarte acepta renuncia de Javier Pacheco a la Procuraduría ante orden de reponer a María Caruajulca

Javier Pacheco presentó este jueves su renuncia irrevocable al cargo de procurador general del Estado. En la misiva remitida al titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, calificó la ratificación del Poder Judicial de reponer a María Caruajulca en dicho puesto como una decisión que causa un perjuicio en sus derechos laborales.

No obstante adelantó que no recurrirá judicialmente para ser restituido en el cargo, con el propósito de “cortar ese círculo vicioso” de constantes recursos judiciales presentados por sus antecesores, Caruajulca y Daniel Soria.

“Los motivos de mi renuncia obedecen en lo personal a mantener mi prestigio y buen nombre como funcionario y servidor público por más de veinte años en donde tuve la finalidad de reconstruir la Procuraduría General del Estado; sin embargo, esta labor está siendo amenazada por el accionar de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien con su decisión adoptada viene a generarme un perjuicio en mis derechos laborales habilitándome la posibilidad de accionar constitucionalmente, pero debo señalar que mi persona, pudiendo hacerlo no accionará judicialmente para ser repuesto en el cargo”, escribió.

Agregó que la intención de su decisión es “dotar de estabilidad y continuidad jurídica a esta Institución que debe estar por encima de los intereses personales o de grupo”. “Reitero mi renuncia no solo a seguir ejerciendo el cargo de Procurador General del Estado, a quien con convicción decidí defender a lo largo de mi trayectoria como servidor y funcionario público, sino también a accionar judicialmente referente a mis derechos laborales y económicos”.

“La Procuraduría General del Estado es una entidad joven y en proceso de consolidación que requiere que se cautele y garantice en forma permanente su institucionalidad a efectos de que pueda cumplir sus fines constitucionales en beneficio de todos los peruanos”, sentenció.

Horas después, el gobierno de Dina Boluarte aceptó la renuncia de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el decreto legislativo N°1326; decreto legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado y su Reglamento, aprobado por decreto supremo.

“Se resuelve aceptar la renuncia formulada por el señor Javier Alonso Pacheco Palacios al cargo de procurador general del Estado, dándoseles las gracias por los servicios prestados”, se lee en la resolución.

Su salida del cargo se da luego de que el Poder Judicial declarara improcedente la acción de amparo impuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros e infundada la presentada por el Ministerio de Justicia en contra de la restitución de María Caruajulca.

“Se resuelve: CUMPLA la parte demandada Presidencia de la República y Ministerio de Justicia con reponer en el día y bajo responsabilidad a la actora MARIA AURORA CARUAJULCA QUISPE como Procuradora General del Estado, conforme a los términos de la decisión cautelar, y bajo apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público dada la evidente dilación”, se lee en la resolución formulada por la Primera Sala Constitucional a la que accedió Infobae Perú.

El gobierno de Dina Boluarte se opone al retorno de la abogada, argumentando que el puesto “se encuentra legalmente ocupado” por Javier Pacheco y que es “jurídicamente imposible dar cumplimiento al mandato cautelar”. Sin embargo, el tribunal rechazó ese argumento, afirmando que no se puede vulnerar el derecho de la demandante solo porque el cargo que reclama está en manos de otra persona.

“Las acciones posteriores a la ocurrencia de la infracción no pueden generar ningún derecho al infractor, ya que, de lo contrario, se permitiría obstruir fácilmente la ejecución de una decisión judicial con otros actos infractores. El hecho de que la demandada haya ubicado a otro funcionario en el lugar que corresponde a la actora no es causal de inejecutabilidad”, se lee en el documento al que accedió Infobae Perú.