El Poder Judicial programó para el viernes 31 de mayo, a las 9:00 de la mañana, la audiencia donde se determinará si se confirma o se anula la resolución de primera instancia que archivó la investigación preparatoria contra la fiscal suprema y exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por supuesta omisión o rehusamiento de funciones, según información a la que accedió Infobae.
La Sala Suprema Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín evaluará la apelación de la Procuraduría General del Estado (PGE) contra la resolución del juez Juan Carlos Checkley que declaró fundado el recurso de excepción de improcedencia de acción formulado por la defensa de Ávalos Rivera y archivó la causa.
Infobae pudo conocer que la exfiscal de la Nación puso de conocimiento al tribunal supremo sobre la sentencia en el proceso de amparo que concluyó que el Congreso vulneró sus derechos al no haber motivado debidamente la supuesta infracción constitucional.
El Congreso acusó constitucionalmente a Ávalos por supuestamente haber faltado a sus funciones como fiscal de la Nación al no investigar a Pedro Castillo durante su mandato. En ese momento, la fiscal suprema aplicó la posición jurídica que habían invocado sus antecesores, como Gladyz Echaíz y José Peláez Bardales: que un presidente en funciones no puede ser investigado, pero sí abrió diligencias preliminares.
Pese a los pronunciamientos de juristas advirtiendo que el Congreso pretendía sancionar políticamente a una magistrada por discrepar con una interpretación jurídica adoptada, el Parlamento procedió e inhabilitó a Zoraida Ávalos por 5 años de la función pública.
Ordenan su inmediata reincorporación
La Tercera Sala en lo Constitucional de Lima emitió hoy jueces 23 de mayo una orden para la inmediata reincorporación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos al Ministerio Público. Esta resolución también instruye al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, a dar cumplimiento a la sentencia. Los magistrados decidieron que la acción inmediata era necesaria para evitar una “situación irreversible” para Ávalos, dado que una apelación del Congreso podría extender el proceso más allá del tiempo estipulado por la ley.
“Se debe de tener en cuenta que, aun cuando el Código Procesal Constitucional establece plazos perentorios y céleres para el proceso de amparo, en la realidad y en el trámite de los mismos, dichos plazos se ven sobrepasados, y que de no actuarse en forma inmediata la sentencia, sin duda no solamente tendría incidencia en el aspecto laboral de la demandante, sino también en su desarrollo profesional y proyecto de vida, siendo evidente que, esto podría causar daños irreparables”, se lee en la resolución.
Los jueces además consideraron la edad de Ávalos, 67 años, muy próxima al límite de 70 años establecido para trabajar en el Estado. Este fue un argumento adicional para acelerar su reincorporación.
“Atendiendo su edad, próxima a cumplir 68 años de edad, tal como es de verse en el Documento Nacional de identidad adjunto a fs. 02, a sabiendas que el límite de edad para trabajar como funcionario del Estado es hasta los 70 años de edad, lo que haría irreparable la lesión del derecho reclamado”, añadieron los magistrados.
Un día antes de esta decisión, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó por unanimidad a Patricia Benavides de sus cargos de fiscal suprema y fiscal de la Nación por haber incurrido en faltas muy graves en el ejercicio del cargo.
Según el exasesor Jaime Villanueva, Benavides Vargas negoció con congresistas para que votaran a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos a cambio de archivar investigaciones en su contra. Estos hechos están bajo investigación por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.