Una directiva emitida del Sernanp se ha convertido en el punto más claro que evita que la pesca intensiva, industrial y a gran escala irrumpa en las Áreas Naturales Protegidas y pueda realizar labores mercantiles en su favor en dichas áreas, generando un grave impacto en la flora y fauna que se busca preservar en dichas áreas. A fin de que se elimine esta directiva y bajo los argumentos de que se estaría vulnerando un derecho con ella, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) sustentó este miércoles ante el Poder Judicial un pedido de “acción popular” presentado en contra del Ejecutivo.
Esta audiencia tuvo una duración de poco menos de 20 minutos, en los que se escucharon los alegatos de ambas partes involucradas en el caso, por un lado, la Sociedad Nacional de Pesquería, como la parte demandante; y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), como la parte demandada. Tras los alegados, que posteriormente explicaremos en esta nota, el juez Roberto Vilchez Dávila señaló la denuncia como vista y dejó al voto su decisión, la misma que se dará dentro de los próximos 10 días.
Los argumentos en la demanda crucial para preservar las Áreas Naturales en el país
En la audiencia ante la Segunda Sala Constitucional de la Corte de Lima, el abogado Samuel Abad, quien representa a la Sociedad Nacional de Pesquería, pidió al magistrado Roberto Vilchez Dávila que se declare nula la directiva 062021 emitida por el Sernanp en el año 2022; en la que se precisa que está prohibida la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos en las áreas naturales protegidas. Ello, bajo la excusa de que correspondía a una ley “ilegal e inconstitucional”.
Abad sustentaba estas afirmaciones bajo la idea de que en la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, no existía precisión alguna que no permita que la pesca industrial se pueda efectuar en dichas áreas reconocidas por su alta diversidad ecológica. Sin embargo, ante las afirmaciones del abogado de la SNP, el procurador del Estado en representación del Sernanp, detalló las intenciones detrás del pedido que los llevó ante los tribunales: el ingreso a la Reserva Nacional de Paracas.
SNP se fija en una directiva reciente para buscar anular un reglamento de hace 20 años
Según el procurador Luis Alberto Huerta, sí existe una prohibición vigente desde el año 2001 (contrario a lo que afirma la SNP), “el reglamento señala expresamente que está prohibida la pesca industrial o a mayor escala en las ANP desde hace más de 20 años. Lo que hace la directiva del 2022 es reiterar la prohibición”.
“El abogado de la parte demandante sabe perfectamente que para cuestionar el reglamento del año 2001, ya se venció el plazo de 5 años previsto en el código procesal constitucional, entonces, como ya se venció este plazo, buscan cuestionar una directiva que solo reitera esta prohibición”, expuso Huerta en la audiencia.
De hecho, el mismo procurador señala que este reglamento sí es de conocimiento de la SNP, precisando que “la parte demandante sabe de la existencia de este reglamento, pero no lo menciona en la demanda porque la SNP se ha acercado ante diferentes órganos estatales cuestionando el reglamento del año 2001″.
“Que la pesca industrial ingrese a la Reserva Nacional de Paracas sería un atentado contra el medio ambiente”
Es así que, en el marco del debate, el procurador Huerta expuso una de las intenciones más claras que se suscitan tras el pedido de la Sociedad Nacional de Pesquería, y que hasta la fecha había sido adecuadamente sustentado. Todo ello bajo la excusa de que se vulneraba un derecho a la ciudadanía de acceso a estas áreas que han sido señaladas como áreas protegidas por el Estado específicamente para que no se afecte a su biodiversidad tanto en flora como la fauna.
“Con el alegato de la parte demandante ha quedado claro que su objetivo es conseguir que la pesca industrial pueda realizar actividades en la Reserva Nacional de Paracas; con lo cual, este proceso deja de ser un abstracto y tiene detrás un objetivo muy concreto y muy claro: lograr que la pesca industrial pueda ingresar a la Reserva Nacional de Paracas. De la cual, las asociaciones de especialistas en derecho ambiental han señalado que sería un gran atentado contra el medio ambiente”, aclaró en su ponencia el abogado en representación del Sernanp.