La fiscal suprema titular Patricia Benavides, destituida este miércoles por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), asumió el cargo de máxima representante del Ministerio Público en julio de 2022, con un mandato previsto hasta 2025. Sin embargo, una serie de controversias y un escándalo de corrupción interrumpieron su gestión, al punto que ahora se encuentra cesada e incursa en una investigación fiscal.
Benavides, quien se opuso a exponer las tesis con las que obtuvo sus grados académicos, abrió seis investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), actualmente recluido por cargos de rebelión y corrupción. Apenas tres meses de tomar posesión como fiscal de la Nación, la magistrada anunció que había presentado una denuncia constitucional contra el exgobernante por presunta organización criminal.
Frente a las cámaras y rodeada de sus funcionarios, la fiscal informó entonces que había descubierto indicios graves de una presunta red corrupta en el gobierno, dirigida por Castillo y compuesta por exfuncionarios y el exgerente de Petro Perú, Hugo Chávez.
“La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos, por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime porque solo así la inmunidad no será impunidad”, dijo al destacar que los fiscales son operadores de justicia, no actores políticos.
En diciembre de ese mismo año, Benavides tomó declaración al exmandatario un día después de que este orquestara un autogolpe de Estado y mientras se encontraba retenido en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). Arrestado por sus propias escoltas, Castillo habría ordenado la detención de la fiscal a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Benavides y Boluarte
También fue una de las primeras altas funcionarias con las que Dina Boluarte se reunió al asumir la jefatura de Estado por sucesión constitucional. La imagen fue representativa: las dos mujeres más poderosas del país se daban la mano y posaban ante cámaras sin presagiar que acabarían en fuego cruzado y con una aprobación ciudadana mínima.
El punto álgido del conflicto entre la mandataria y la fiscal se alcanzó en noviembre del año pasado, cuando Jaime Villanueva, mano derecha de Benavides, fue detenido durante la operación ‘Valquiria V’, llevada a cabo por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
La misma diligencia incluyó la detención de Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, cercanos a la magistrada, sindicada como líder de una red criminal que influyó ilícitamente en decisiones de congresistas en varias ocasiones: para promover la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la inhabilitación por el Congreso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En medio de estos vaivenes, Benavides grabó un pronunciamiento en el que calificó la investigación en su contra como un “ataque premeditado” de los “poderosos que no quieren ser investigados”. También anunció una denuncia al Congreso contra Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas.
Horas después, la gobernante describió la denuncia como una “deleznable maniobra política” para distraer la atención de la investigación anticorrupción y manifestó que Benavides debería dimitir porque había “perdido objetividad para continuar en el cargo”.
A la fecha, las declaraciones de Villanueva, junto con el testimonio de un testigo protegido y pruebas documentales, han revelado un vínculo entre Boluarte y Benavides a través de cinco personas de su entorno cercano, incluido los abogados Óscar Nieves y Mateo Castañeda; así como la exasesora presiencial Grika Asayag y el exfiscal supremo provisional Marco Huamán, según Ojo Público.
Caída
El máximo órgano de la judicatura decidió destituir a Benavides, quien estaba suspendida temporalmente, por interferir en una investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides, al cesar a la fiscal Bersabeth Revilla, que dirigía las pesquisas.
La JNJ tomó esta decisión tras la ponencia de María Zavala, quien demostró que la magistrada cometió cuatro faltas muy graves que representaron un “perjuicio mayor” a la institución. El caso involucra la supuesta interferencia en la investigación por la excarcelación de supuestos narcotraficantes a cambio de dádivas, y la elaboración de un informe de baja productividad por la fiscal suprema Azucena Solari, usado para remover a Revilla.
Zavala indicó que Revilla, quien fue reemplazada por un fiscal con sanciones previas, tenía un 90% de productividad en la resolución de casos, lo cual resultaba incongruente con el informe de Solari.
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