El Ministerio del Interior no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030, según reveló un informe reciente de La Contraloría. La institución encabezada por el ministro Juan José Santiváñez no ha realizado estudios sobre manifestaciones de inseguridad, violencia y delincuencia, ni ha sistematizado buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana.
La Contraloría detectó carencia en la evaluación de los avances en temas críticos como la violencia física y psicológica contra adolescentes de 12 a 17 años, la deserción escolar, el consumo de drogas en escolares, el trabajo infantil, las víctimas de delitos informáticos en poblaciones urbanas mayores de 15 años y la tasa de homicidios.
La falta de datos actualizados impide al Ministerio comprender el progreso de la política nacional en seguridad ciudadana, lo cual podría poner en riesgo la prevención, el acceso a servicios de seguridad, la reducción de la victimización y la disminución de los delitos. Según el informe, también existen deficiencias en la gestión de información relacionada con seguridad ciudadana, destacándose la ausencia de estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, violencia y delitos.
Adicionalmente, el Ministerio del Interior carece de documentos que sistematicen buenas prácticas en seguridad ciudadana y no proporciona asistencia técnica para la implementación y administración de observatorios regionales. Esto representa un obstáculo significativo para la generación de políticas basadas en datos y la coordinación efectiva entre distintas regiones y niveles de gobierno.
El informe destaca que no recopilar ni analizar esta información, y no emitir alertas sobre el incumplimiento de valores esperados de los indicadores, evita una comprensión clara del progreso en la política de seguridad. Además, según se ha informado, el Mininter no está informando al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) acerca de los avances en la ejecución de políticas y planes nacionales en materia de seguridad ciudadana.
En el ámbito de videovigilancia, tampoco se elaboró el plan de adecuación de sistemas, lo que compromete el establecimiento de parámetros técnicos necesarios para implementar estos sistemas en bienes de dominio público. Tampoco existe un formato estandarizado para registrar las incidencias del servicio de serenazgo municipal ni se ha cumplido con la certificación de los centros de capacitación de serenos, afectando la seguridad y el registro de eventos en los municipios.
Adicionalmente, el Mininter no cuenta con un plan de asistencia técnica para los Comités Locales de Seguridad Ciudadana, ni brinda la asistencia pautada para la implementación de observatorios regionales de seguridad ciudadana. Esto implica que las secretarías técnicas de los comités locales no tienen los instrumentos necesarios para formular, implementar, seguir y evaluar los planes de acción de seguridad.
Más de 8 mil irregularidades en comisarías
La Contraloría detectó más de ocho mil irregularidades en comisarías y otras entidades encargadas de la seguridad ciudadana en un operativo nacional realizado entre los meses de febrero y marzo de 2024. Este operativo se llevó a cabo en 695 comisarías, seis Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales y 492 municipalidades distritales, así como en el Ministerio del Interior.
El informe detalla 8755 situaciones adversas. Entre los principales riesgos, se identificó la falta de equipamiento esencial en muchas comisarías del país. Según el informe, 463 comisarías no cuentan con alcoholímetros, 536 carecen de radios móviles TETRA, 452 no poseen escudos de protección, 63 no tienen varas reglamentarias, 34 no disponen de chalecos antibalas y 18 no tienen grilletes.
Además, el 100% de las comisarías inspeccionadas no cumple con un plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones, poniendo en riesgo la integridad de las personas y limitando la atención en igualdad de condiciones.
El resultado del operativo deja al descubierto deficiencias en la infraestructura, como la falta de certificados de inspección técnica de seguridad en el 82% de las comisarías y la carencia de condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad en el 65% de estos establecimientos, con graves implicaciones para la seguridad de quienes concurren y trabajan en estas instalaciones.
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