El Poder Judicial aprobó un acuerdo de colaboración eficaz con la constructora peruana COSAPI S.A., que implicará el pago de más de S/ 84,3 millones de reparación civil al Estado peruano. Esta decisión, tomada el 17 de mayo por la jueza Margarita Salcedo Guevara del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se enmarca en el megacaso de corrupción del “Club de la Construcción”.
El convenio, firmado entre el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, la Procuraduría Ad Hoc y COSAPI, permitirá a la empresa proporcionar información relevante y testimonios sobre varios proyectos de infraestructura bajo investigación. COSAPI ha reconocido su culpabilidad en delitos de corrupción y su participación en licitaciones públicas, dando la apariencia de competencia real entre empresas.
Según Silvana Carrión Ordinola, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, este es el tercer acuerdo de colaboración eficaz corporativo aprobado en el marco de Lava Jato. Carrión enfatizó que “con ello, el Estado peruano empezará a cobrar la reparación civil este año, independientemente del avance que viene teniendo el caso ‘Club de la Construcción’ a nivel judicial”.
La sentencia también incluye la creación de un fideicomiso, administrado por Cofide o el Banco de la Nación, para asegurar el pago de las cuotas de la reparación civil en un plazo de nueve años, con un interés legal aproximado de S/ 15 millones. La primera cuota, de aproximadamente S/ 15,3 millones, deberá ser pagada dentro de los 30 días después de la notificación firme de la sentencia.
Asimismo, el acuerdo establece que COSAPI no puede iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado, tanto a nivel nacional como internacional, en relación con los proyectos involucrados en el convenio.
Sobre el Club de la Construcción en Perú
En 2021, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (Indecopi) impuso una sanción sin precedentes a 33 empresas y 26 ejecutivos del llamado Club de la Construcción, un conglomerado de compañías y altos ejecutivos, que dedicados a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras en Perú, se coludieron y generaron sobrecostos.
Este conglomerado, que operó entre 2002 y 2016, amasó más de 13 mil millones de soles mediante la adjudicación irregular de al menos 112 contratos de obras viales a nivel nacional, según reveló un reportaje de Convoca.pe. Esto se logró a través de acuerdos clandestinos y la complicidad de cabilderos y funcionarios corruptos. Las reuniones se llevaban a cabo en hoteles o mediante correos electrónicos.
Indecopi estima que el Club de la Construcción causó un daño económico al Estado peruano por 1.318 millones de soles, debido a las ofertas infladas que las empresas presentaban durante las licitaciones. “Es una transferencia de dinero, de lo que el Estado pagó de más y que ha entrado en los bolsillos de las constructoras”, explicó Espinoza. Los fondos desviados habrían podido ser invertidos en servicios esenciales como colegios, hospitales y equipamientos.
Entre los ejecutivos sancionados, destaca que 11 de ellos recibieron la multa máxima de 100 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalentes en 2021 a 440 mil soles. Hubo también casos como el de Hernando Graña Acuña de Graña y Montero y Norma Zeppilli de Mota-Engil, que optaron por confesar sus acciones y pagaron sus multas, evitando así aparecer en la lista final de sancionados.
Además, las compañías extranjeras como las de origen brasileño Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez se unieron al cartel tras superar regulaciones que inicialmente les impedían participar en licitaciones
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